Los sindicatos, en representación de los trabajadores y las trabajadoras, presentaron el 12 de marzo en el registro de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo más de mil manifiestos firmados por los claustros de escuelas e institutos, asambleas de profesorado de todos los niveles educativos y consejos escolares de los centros valencianos, exigiendo la retirada del decreto de recortes y la depuración de responsabilidades en el Consell.
La respuesta del profesorado y de la comunidad educativa es pues unánime: rechazan lo que pretende el Consell de la Generalitat, que el recorte drástico de la inversión en educación y en los servicios públicos básicos, que afectará a la totalidad de la población, pague una desgraciada era en la que se ha despilfarrado descaradamente el dinero público, se han llenado con una buena parte de estos caudales unos pocos bolsillos privados, y se han enriquecido los bancos de una forma escandalosa.
Aún estamos viendo nuevos casos de corrupción que afloran y que parece que no tienen fin. Ya está condenado el expresidente de Baleares, Jaume Matas. Todavía están estudiándose los expedientes de los Gürtel, Emarsa, Cooperación Internacional, Noos y el Sr. Urdangarín, divididos en trozos, de tan enormes que son. Aún no hemos visto caer desde sus alturas hasta los juzgados a todos los implicados. Aún estamos pagando los excesos de los años faraónicos. Pero los trabajadores y trabajadoras no tenemos la culpa.
La movilización masiva de toda la sociedad en estas semanas tiene que servir para que el gobierno del Sr. Alberto Fabra rectifique y retire el decreto de ataques a lo público. Todos estamos por la negociación para salir adelante.
No es verdad que solo el PP esté dispuesto a resolver la crisis: todos los partidos de la oposición valenciana y los sindicatos de la función pública han ofrecido su colaboración al Consell para ayudarlo a encontrar partidas presupuestarias de las cuales pueda recortar para superar su crisis financiera, sin comprometer ni la calidad de la educación, ni los servicios públicos, ni las condiciones laborales del personal del sector público.
La diferencia es que el principal causante de la crisis en nuestra comunidad, en la que gobierna desde hace 17 años, desde 1995, sin interrupción, y al que ahora ayuda el gobierno central del mismo partido a pagar a sus proveedores y a cubrir el enorme vacío económico provocado por su mala gestión, el PP, quiere que la crisis la paguen los de siempre. Los que no la han provocado.
Ahora, una reforma laboral que nos presentan como imprescindible, pero también como definitiva y para siempre, pretende “resolver” la situación del más de medio millón de parados y paradas de nuestra tierra. La pérdida de derechos de trabajadores y trabajadoras no es la solución. La voz de nuestros hijos e hijas en paro, de las personas hartas del abuso de bancos y grandes fortunas, debe escucharse también en Madrid. Los santapoleros también tenemos razones, quizá de las más poderosas (3.340 personas desocupadas), para ir a la huelga general del día 29 de marzo.
María Jesús Ruiz Vidal.
Portavoz de Compromís per Santa Pola.
