De nuevo, se nos plantea la duda al trazar la línea que separa la confidencialidad del derecho a la información. Julian Assange, director de WikiLeaks, ha vertido a la red información que ha puesto en situaciones muy embarazosas a gobiernos y mandatarios de todo el mundo. Aunque, si nos paramos a pensar, algunos contenidos publicados no difieren demasiado de nuestras opiniones cuando hablamos de esos temas tomando una cerveza. Ya lo decía mi abuela: “Si algo no quieres que se sepa, no lo digas”. Pero la comunicación en la red es diferente. La distancia obliga a condensar opiniones que, como se ha demostrado, su accesibilidad está al alcance de jóvenes con criterios que van desde patrióticos hasta cáusticos o de indolente indiferencia. De repente, el chico de los recados se convierte en un cretino para unos y mártir para otros. Todos sabemos lo importante que es la información y, por eso, unos ponen tanto empeño por ocultarla y, otros, tanta pasión por desvelarla. El derecho a la información es un amparo constitucional. Puede darme igual que tal embajador diga a su jefe que un ministro es tonto del culo, quizá yo piense lo mismo. Pero no me da igual y sí estoy interesado en conocer los detalles del porqué unos países son invadidos, ocupados y masacrados, mientras otros son olvidados y enterrados. Por eso, apoyo, con matices que definen la seguridad de las naciones, las filtraciones de Assange. Especialmente me inquieta conocer los detalles referentes a algunos bancos cuyos cimientos pueden derrumbarse estrepitosamente. Sospecho que habrá sorpresas que nos van a cabrear. La transparencia informativa debe ser el sustento esencial de la democracia.
Paco Soler