El Consejo de Ministros aprobó el 24 de febrero un Decreto-Ley donde se determina un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Se trata de establecer un sistema que permita abordar el grave problema de los impagos a las empresas proveedoras de los ayuntamientos, una deuda que asciende a más de 30.000 millones de euros.
Los Ayuntamientos debían remitir antes del 15 de marzo pasado al Ministerio de Hacienda un listado de facturas pendientes de pago con fecha anterior al 1 de enero de 2012, en el cual debía constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se había incoado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro. Como otras veces, nos hemos enterado por la prensa de que el número de facturas enviado era de 1.039. Posteriormente, hemos logrado confirmar oficialmente la información que requeríamos.
El gobierno debe obligar a todos los ayuntamientos a que se ponga en marcha un plan de ajuste que contemple el pago de esas deudas y las medidas previstas para combatir el déficit. Por lo tanto, el Ayuntamiento deberá hacer llegar al mismo Ministerio antes del 31 de marzo ese Plan de Ajuste y las medidas para combatir el déficit.
Todos los proveedores deben cobrar las facturas pendientes. Pero los ayuntamientos se encuentran en situaciones límites, y esta medida los lleva a hacer un durísimo ajuste en la incorporación de gasto corriente derivada de la amortización de la deuda. Pero no nos podemos olvidar de que esta disposición viene forzada en parte por el impago de la deuda de la Generalitat con los ayuntamientos y, por lo tanto, se está cargando a los ayuntamientos indirectamente el peso de la deuda.
Para mayor agravio, el dinero que el Banco Central Europeo presta a los bancos al 1%, a los municipios, y por lo tanto, a las ciudadanas y ciudadanos, nos lo cobran al 5%, lo cual es indecente políticamente.
Si, como hemos leído en prensa, el Real Decreto - Ley fija como a proveedores que deben cobrar prioritariamente aquellos que han denunciado la deuda del ayuntamiento y los que acepten una rebaja de la deuda, se perjudica directamente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.
En definitiva, esta disposición supone un grave ataque a la autonomía local, y no resuelve el problema fundamental de la administración local, la falta de una financiación adecuada y suficiente.
Compromís ha presentado al Pleno del Ayuntamiento una moción en la que se acuerde pedir al Gobierno la aprobación de una ley de financiación local que garantice los recursos suficientes a todos los municipios; que modifique este Real Decreto- Ley 4/2012, para hacer que el interés que deben pagar los ayuntamientos sea el 1,25%, no el 5%, y que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos tengan preferencia para cobrar la deuda, especialmente las empresas y autónomos a los que la deuda de los ayuntamientos haga peligrar su existencia. En la misma moción pedimos a la Generalitat Valenciana el pago necesario a los ayuntamientos de las subvenciones que les debe. A cada uno lo que le toca.

María Jesús Ruiz Vidal
Portavoz de Compromís per Santa Pola