La Iglesia Católica probablemente sea el más importante propietario inmobiliario del país, más incluso que algunos importantes empresarios del sector de la construcción. Un significativo número de sus inmuebles fueron adquiridos gracias a un Decreto Ley del gobierno de José María Aznar, por el cual se reconocía a la Iglesia Católica la potestad de inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad mediante una certificación del Obispo, bienes que no estaban inscritos a nombre de nadie. Este es el acto conocido como “inmatricular”, gracias al cual, la Iglesia Católica ha llegado a escriturarse edificios históricos de valor incalculable . Además, disfruta de privilegios económicos como la exención del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de todos sus bienes urbanos y rústicos.
Así, mientras el gobierno de Marino Rajoy ha aprobado un aumento de este importante impuesto (10%) que va a afectar a toda la ciudadanía, al mayor propietario de bienes inmuebles no le afectará porque disponen del privilegio de la exención. Se calcula que se podrían recaudar alrededor de 3.000 millones de euros si la iglesia pagara el IBI.
La Iglesia Católica, institución que se queda fuera de las duras medidas de ajuste del Gobierno del Partido Popular, continuará recibiendo los millones de euros que suman todas las subvenciones y asignaciones de dinero que recibe de las arcas del Estado y se librará de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que no tiene que pagar. Esta exención permanente de la Contribución Territorial Urbana de la que se está beneficiando afecta a templos y capillas destinados al culto, residencias de obispos, locales destinados a oficinas de la curia diocesana y oficinas parroquiales, seminarios destinados a la formación del clero, edificios destinados primordialmente a casas de sacerdotes o conventos de las órdenes y congregaciones religiosas, colegios, viviendas y locales en alquiler, etc.
Consideramos que la iglesia tiene que dejar de estar exenta del pago del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, porque es un privilegio que tienen y porque en estos tiempos de crisis los ayuntamientos no se pueden permitir el renunciar a la recaudación por ese concepto.
Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos que se cree un censo municipal sobre inmuebles rústicos y urbanos registrados a nombre de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, para poder cobrar el IBI a todos aquellos inmuebles cuyo destino no esté destinado al culto, e instar al Gobierno de España a presentar una Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa, porque no podemos entender que se esté viendo cómo la ciudadanía se empobrece y el gobierno del Partido Popular continúe pidiendo sacrificios a los más desfavorecidos y a los que menos tienen, mientras que a otros les mantiene los privilegios. Y tampoco podemos entender cómo en estos momentos de crisis, donde hay ciudadanos que están viviendo en el umbral de la pobreza, la Iglesia jerárquica no renuncia a ninguno de sus privilegios económicos.
