El Gobierno de España ha aprobado un impuesto especial tanto para las rentas no declaradas localizadas fuera de España como para las ocultas dentro del país, el que en la práctica puede suponer una amnistía fiscal. A pesar de que se quiere justificar por la obtención de ingresos adicionales, en la práctica supone perdonar un grave delito como es el fraude en el pago de impuestos. Este delito ha supuesto una grave disminución de los ingresos del Estado, en el momento en el que el Gobierno y el Consejo de la Generalidad han realizado la mayor recortadura de servicios públicos de la historia reciente en España con el pretexto de recaudar ingresos.
Esta medida de amnistía “fiscal” es injusta, ya que quien se acoge a ella pagará menos que si hubiere pagado sus impuestos cuando corresponde. De hecho, una propuesta similar fue denunciada en 2010 por el PP, que ahora ocupa el gobierno, diciendo que era “impresentable”, “injusta” y “antisocial”.
No parece que con eso se vaya a solucionar el problema del déficit estatal, ya que aunque pueda suponer la obtención de ingresos puntuales, a medio plazo promoverá la economía sumergida del país y el desvío de grandes patrimonios estatales a paraísos fiscales al extranjero.
Según los técnicos de Hacienda, esta amnistía fiscal vaciará de sentido la comisión de delitos fiscales, y el impuesto especial del 10% que se establece para “perdonar” a estos defraudadores es una tasa blanda de las cantidades defraudadas, ya que en el 72% de los casos estas cantidades provienen de grandes fortunas y corporaciones.
Esta amnistía fiscal atenta contra la Constitución, porque atenta contra la igualdad tributaria que debe inspirar el sistema fiscal, y porque supone un agravio comparativo para los contribuyentes que venden cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los cuales se graba con tipo de hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con hacienda pagando un 10% de gravamen y evitando intereses, recargos y sanciones.
Esta teórica regularización fiscal choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude, con el agravante que será la cuarta amnistía fiscal de la democracia, que sin duda resultará tan ineficaz para acabar con la economía sumergida como lo fueron las tres anteriores. Esta amnistía supone el reconocimiento implícito del Gobierno de la incapacidad de la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida. De hecho, entre 1980 y 2008 la bolsa de fraude se multiplicó por cuatro, hasta llegar a un volumen de 245.000 millones de euros anuales, el que representa un impago de impuestos de unos 89.000 millones.
Por lo tanto, creemos que es necesario que nuestro Ayuntamiento inste al Consejo a que reclamen al Gobierno la anulación de esta amnistía fiscal encubierta, que podría incurrir en un acto de inconstitucionalidad.

María Jesús Ruiz Vidal. Portavoz de Compromís per Santa Pola.