El sueño americano aseguraba a los recién llegados a Estados Unidos que, con esfuerzo y trabajo, lograrían todo aquello que se propusieran. Cualquiera, sin importar su procedencia ni sus características sociales, podía llegar a ser un ciudadano con sus necesidades materiales y de reconocimiento social cubiertas. Llevado a la práctica, seguramente, las cosas no serán tan sencillas pero, aun así, la idea del esfuerzo se mantiene como referencia.
Si nos fijamos en nuestro caso estatal, la escala de valores parece haberse torcido. ¿Qué se premia aquí? Muchos jóvenes santapoleros de los que ahora intentan acceder al mercado laboral lo hacen con un par de carreras universitarias acabadas, algún que otro máster y, son, como poco, trilingües. Han seguido el camino y han cumplido con todo aquello que se les dijo que tenían que hacer. Y como premio obtienen –si tienen suerte– trabajos para los que están sobrecualificados, en los que cobrarán los sueldos más reducidos posible y, ante cualquier reivindicación justa, rápidamente serán sustituidos por alguien desesperado por encontrar trabajo –de lo que sea– y que no dudará en rebajarse a condiciones todavía peores.
Es injusto. Y es absolutamente humillante porque esa persona sabe que hay gente que cobra sueldos muy notables por el único mérito de tener el carné de según qué partidos políticos. O si leemos en el Real Decreto-ley 20/2012 que, a pesar de todos los recortes, no hay ninguna concreción en lo que respecta a la “extensión de las citadas medidas tanto a diputados y senadores” –esto es, que ya verán si se bajan el sueldo o no.
Con todo esto, sólo cabe arremeter contra los dos partidos del sistema: títeres que no dan ejemplo, incompetentes que no han sabido gestionar y lacayos de los poderes económicos con los que forman interesadas uniones. El ciudadano, encima, tiene que soportar que le digan que él es culpable de esta situación, que se contradigan de manera vergonzante y que le escondan que, actualmente, las decisiones económicas de nuestro país se toman por personas que no han sido escogidas por el pueblo. La soberanía nacional del artículo 1.2 de la Constitución se ha convertido en una pantomima.
¿Qué podemos hacer ante esto? Varias cosas. Primero, memoria: según nuestro programa electoral, de haber ganado las elecciones, Santa Pola estaría pagando siete sueldos menos de cargos de confianza. Por lo tanto, no todos los políticos son iguales. Segundo, mostrar nuestro descontento. Es humillante que se trate de manera paternalista a una ciudadanía responsable y formada a la que se intenta responsabilizar, engañar y aplicar medidas que paralizarán la economía y que servirán para zurcir el saco que ha roto la avaricia de unos pocos que, de momento, no están pagando por su mal hacer. Tercero, hacer las maletas. Cuando la situación sea insoportable, aquellos que han cumplido con todo y que ahora se sienten estafados y engañados verán como les invita a cruzar las fronteras y marcharse a otro sitio a buscarse la vida como puedan. Atrás, dejarán un país en la ruina, con unas desigualdades entre ricos y pobres escandalosas y con unos pocos que siguen consintiendo estas prácticas por si, algún día, pueden ellos también sacar provecho y chupar del bote. Un país que seguirá viviendo el sueño de los mediocres.
