La Mancomunidad de Canales del Taibilla fue creada ya en 1927 para garantizar el abastecimiento de agua a una serie de poblaciones de Murcia y Alicante, y a la base naval y puerto de Cartagena. Poco a poco ha ido ampliándose, a medida que otros municipios y entidades han ido necesitando sus servicios. Actualmente tiene como objeto el mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras necesarias para la distribución del agua a todos los municipios mancomunados.
Santa Pola es usuaria y beneficiaria de la actuación de esta Mancomunidad, que es pública y goza de todas las garantías del control estatal, autonómico y local.
El Ministerio de Agricultura ha reconocido recientemente que se está elaborando un informe sobre los impactos que tendría la privatización de la gestión de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), lo que pone de manifiesto las intenciones del Gobierno del estado: es el inicio de la oferta de oportunidades de negocio a determinadas grandes empresas en la gestión de una infraestructura estratégica, consolidada y eficiente, anteponiendo al interés general de la ciudadanía los beneficios de la empresa privada.
La política de privatizaciones del PP en los distintos servicios, algunos estratégicos y otros básicos, y que recogen derechos fundamentales consagrados por la Constitución, no se justifica como decisiones inevitables para salvar, mantener o mejorar estos servicios, sino que se trata de una estrategia prediseñada para ceder a empresas privadas la explotación de los sectores públicos que puedan ser rentables. Lo mismo que en la sanidad o en la educación. Del mismo modo, la privatización de la Mancomunidad del Taibilla supondría aumentar a todos y todas el precio del agua, y pondría en peligro el equilibrio en el suministro, ya que al no ser gestionada de forma pública, primaría el interés económico de la rentabilidad de la empresa sobre nuestro interés general.
La gestión de la red de agua potable en Santa Pola, hoy en manos de Aquagest, es un claro ejemplo de cómo la gestión de un servicio básico, que podría gestionarse desde la administración, tiene como consecuencia el encarecimiento del servicio y la indefensión de la ciudadanía y del propio Ayuntamiento ante actuaciones potencialmente peligrosas para los intereses comunes de la ciudadanía. El agua no es un bien comercial, sino un bien común y esencial para la vida, los ecosistemas y la salud. Por lo tanto, el abastecimiento de agua y la gestión de los recursos hídricos no deben regirse por las normas del mercado.
Desde Compromís per Santa Pola, Baix Vinalopó y Vega Baja del Segura nos oponemos a la política de privatización de servicios, con el objetivo de preservar su correcta gestión y disponibilidad a un precio asequible y de una forma sostenible, y más aún cuando estamos hablando de una zona geográfica donde el clima y la sobreexplotación urbanística del territorio nos hace más vulnerables a las situaciones de carencia de agua. Por eso hemos propuesto que nuestro Ayuntamiento se oponga a cualquier decisión del gobierno a través del Ministerio y órganos competentes que tenga como finalidad la privatización de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en la totalidad o parte de los servicios que actualmente son de su titularidad.