La clave de los sistemas constitucionales es que funcionen con independencia, transparencia y eficacia, todas sus instituciones. Esta necesidad, en buena parte del mundo, se ha convertido en un imperativo tan urgente como preciso. Nunca ha habido tanto intercambio entre Estados, sin embargo sirve de bien poco, puesto que las injusticias crecen y la vida sobre la tierra se continua menospreciando según el poder adquisitivo de las gentes. Perduran enormes zonas de violencia, multitud de sectores sin esperanza alguna de vida, desigualdades que acrecientan la falta de autoridad de organismos internacionales. Y lo malo de todos estos desajustes, es la creciente falta de ética de los dirigentes, que han hecho del poder el mayor negocio y no el mejor servicio. Cuando se pierde la confianza en los estados sociales, democráticos y de derecho, todo camina a la deriva, sin rumbo, y son los movimientos de la sociedad civil, los que intentan poner orden y concierto en un espacio sin ley.
Unos movimientos sociales, que no siempre son democráticos, ni pacifistas, a los que también suelen moverle ciertos intereses de grupo. De ahí, la importancia de que las instituciones democráticas funcionen con claridad, sean más responsables y, sean ellas, las que en verdad se interesen por los ciudadanos. El día en el que el mundo promueva en autenticidad los principios de la gobernabilidad democrática, especialmente en lo referente a la lucha contra los derechos humanos, la corrupción y el desgobierno, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de las personas más débiles, habremos dado el paso más significativo de nuestra historia como especie humana. No podemos, ni debemos, dejar perder la confianza de la ciudadanía en las sociedades democráticas. Tenemos que procurar entre todos unos líderes garantes para que las formas constitucionales de gobierno funcionen debidamente.
Todos, con todas la instituciones, tenemos que poner coto al extendido soborno y a la persistente malversación de caudales públicos. Todos los países de este mundo mundial deberían promover la rendición de todas las cuentas, sin posibilidad de presupuestos alternativos, con un marco jurídico emancipado de todo poder, para que pueda realmente protegerse de represalias cualquier persona que denuncie comportamiento corruptos. Desde luego, una cultura institucional basada en la ética es uno de los mejores revulsivos contra hechos ilícitos. Los ciudadanos que dirigen las instituciones han de ser individuos dispuestos a desempeñar su trabajo de manera honesta y con un único fin, la de servir al bien común. Cuando se pierde esta capacidad de servicio, las personas deberían inhabilitarse para siempre de cualquier cargo institucional.
Deberíamos ser más conscientes, por tanto, del papel esencial de las instituciones, cuya razón de ser ha de ser siempre y en todas partes, el ser humano, sus inalienables derechos y los derechos de toda la comunidad. ¿Qué sociedad es esta que es incapaz de orientarse hacia el bien social, y de garantizar dicho bien a cada ciudadano?. Está visto que todo debe subordinarse a las personas y no al contrario. Otro mundo debe ser posible. Otro mundo con un orden social más ético, edificado en la justicia y vivificado en la auténtica solidaridad, con unas instituciones más entregadas a los seres humanos, y no en la búsqueda de beneficios personales o de grupo, descuidando totalmente el auténtico sentido de servicio a la ciudadanía.
Esto suele suceder en momentos como los actuales, en los que se despoja a las instituciones de toda referencia moral. Si no existe una verdad capaz de guiar y orientar la acción institucional, difícilmente vamos a ser referente, ni referencia de nada.

Víctor Córdoba Herrero