Somos muchos, quizás demasiados para que éste sea un tema tratado a la ligera, los que apoyamos la moción presentada por el Sr. Federico Zaragoza. Al respecto, leo la semana pasada en este periódico que “La Constitución recoge claramente el concepto de libertad religiosa, pero obviamente, cada cual la tiñe de su color favorito”. A juzgar por tan extravagante frase, el columnista no tiene ni idea de lo que es un precepto constitucional. No es interpretable ni aplicable en razón del color del político de turno. Este precepto, el de la libertad religiosa, está recogido en nuestra Constitución con una claridad meridiana; pero para el caso de que entrara en conflicto con otras normas o con la actuación de los poderes públicos, el único órgano que puede interpretarlo es el Tribunal Constitucional, no el Partido Popular de Santa Pola. Quien ha escrito esa columna no entiende lo más mínimo lo que es la libertad religiosa, porque de otra manera no se atrevería a ponerse en evidencia diciendo que el Sr. Zaragoza insta al Partido Popular que representa el 60% de los votos a “renunciar a la libertad de elegir su fe”. Se equivoca de plano en quien impone a quien. Si yo no entendí mal, y puedo asegurar que sé leer, la moción lo que pretende es salvaguardar precisamente esa libertad religiosa, que no debe manifestarse unida a signos políticos ni oficiales de ninguna clase. Los concejales de nuestro Ayuntamiento, sean del partido que sean, tienen el derecho como cualquier ciudadano a ir a las procesiones que tengan por conveniente. Pero a título personal, no en representación del Ayuntamiento que, independientemente de los votos recibidos, representa a todos. La Constitución expresa claramente estas dos ideas; de un lado “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto” y se establece asimismo que “Ninguna religión tendrá carácter estatal”. Que los concejales del Ayuntamiento de Santa Pola acudan como tales a las procesiones católicas en pleno siglo XXI es una postura absolutamente insostenible desde el punto de vista jurídico y constitucional, y lo peor es que lo saben. Se preguntan a quién puede molestar. Pues no sólo a mí, sino a muchísima más gente le molesta que estos o cualesquiera otros representantes de cargos públicos transgredan leyes básicas de convivencia. La falta de respeto y de confianza en nuestros políticos comienza cuando no son fieles al juramento o promesa que hicieron de cumplir la Constitución y hacen de ella su particular interpretación. No sé si se habrán dado cuenta de que Santa Pola ya no es lo que era. Afortunadamente ha crecido no sólo en número de ciudadanos, sino también en diversidad. Y eso conlleva más que nunca la necesidad, y yo diría incluso la sensibilidad, de que el Ayuntamiento oficialmente no se adscriba a ningún credo y que sus integrantes ejerciendo su derecho constitucional lo hagan a título personal. No pueden nunca confundirse las obligaciones públicas con la asistencia a actos religiosos, porque podría suceder que alguien se sintiera discriminado. No es necesario contar los votos del partido del Sr. Zaragoza porque muchos no le votaron, apoyan su moción por ser del todo coherente y sobre todo ajustada a Derecho. Sabemos que no prosperará la moción. Pero para rebatirla, no tengan la osadía de ampararse en la Constitución, porque en este caso está del lado del Sr. Federico Zaragoza.

MARÍA MONTORO SÁNCHEZ