Un suponer: imaginemos que en España todos los empresarios pagasen a Hacienda. Imaginemos que todos los trabajadores cotizasen en la Seguridad Social, con sus papeles y sus contratos en regla. Imaginemos que el notario dejase de ausentarse en cada firma de una compraventa de una casa porque ya no se moviesen los fajos de billetes de 500, y que el fontanero nos entregase una factura con su IVA, su base imponible, su NIF y su canesú. Imaginemos, en resumen, que España dejase de ser, también en esto, la excepción en Europa; que la ingente economía sumergida que se mueve en las sombras del dinero negro saliese a la luz; que Hacienda fuésemos todos y no sólo los tontos asalariados. Sería bonito. Si la cara B de nuestra economía a niveles adelgazase hasta niveles algo más presentables para un país que aspiró a entrar en el G8, el déficit público prácticamente desaparecería, incluso en años tan malos como el que acabamos de pasar. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha reabierto esta semana pasada este debate al afirmar que, según los datos de su ministerio, la economía sumergida supone en España entre el 16% y el 20% del PIB. Es decir: que una quinta o sexta parte de toda la riqueza. Ya desde tiempos de Aznar, la respuesta oficial del Ejecutivo ante este asunto era la defensa avestruz: esconder la cabeza en la tierra, decir que no existen herramientas precisas para calcular el volumen de esta materia oscura. Es un tema espinoso. Pero la economía sumergida española no sólo es un problema de fontaneros en paro, ni mucho menos. La parte del león hasta llegar a ese 20% del PIB que apuntaba Corbacho no sale de arreglar inodoros que gotean. Una pista: en España hay guardados cerca de 60.000 millones de euros en billetes de 500. A pesar de la carrera del oro ladrillero que supuso el cambio de la peseta al euro que obligó a dar la vuelta a muchos colchones llenos de billetes. En el Gobierno, han barajado en varias ocasiones la posibilidad de intentar hacer aflorar estas enormes bolsas de dinero en rama por medio de una amnistía fiscal, que además ayudase a financiar parte de la deuda pública. Sin embargo, esta idea ha sido siempre descartada con el argumento de que podría suponer un retroceso en la (escasa) conciencia fiscal que, lentamente, va calando en la sociedad española. Si los pecadores son premiados con el perdón de sus delitos, ¿qué ejemplo quedará para los justos? La gran duda ahora es por qué Corbacho abrió de nuevo ese melón. Si fue un error... o un globo sonda.
Francisco Aguirre Redondo
