Los afectados denuncian la existencia de presuntas mafias que harían negocio con contratos falsos y ocupaciones. Aseguran que se les han pedido dinero en efectivo para abandonar la vivienda y que se sienten extorsionados, mientras el caso espera un juicio rápido de desalojo.

DAVID P.N. | 16/12/2025.-
Una familia de Santa Pola ha denunciado públicamente la ocupación de una vivienda dentro de una comunidad familiar, que aseguran haber recuperado tras un embargo y que, según nos explica, ha sido ocupada en dos ocasiones en los últimos años.

Los propietarios aseguran que, además de sufrir el problema de la ocupación, se han enfrentado a peticiones de dinero para que los actuales ocupantes abandonaran el inmueble, algo que consideran una forma de extorsión. El caso está en manos de la justicia y a la espera de un juicio rápido de desalojo.

En la jornada de ayer se produjo una concentración espontánea de vecinos y amigos en la puerta del edificio, para mostrar su apoyo a la familia afectada y reclamar una solución.

Para hoy se ha convocado una nueva cita vecinal a las 20:00 horas en la calle Sacramento número 31, con el objetivo de seguir respaldando a la familia y visibilizar su situación.

El caso, que se encuentra denunciado, ha generado preocupación entre los vecinos del edificio y ha reabierto el debate sobre la respuesta legal frente a las ocupaciones de inmuebles.

“Era la casa de mi tía; la compramos con ocupas dentro”

Francisco Orts, vecino de Santa Pola, explica que la vivienda era originalmente de una tía suya y formaba parte de una finca familiar. Tras ser embargada, decidieron recomprarla en 2024 para evitar problemas de seguridad y que ese edificio siguiera estando en manos de familiares, en ese momento ya ocupada por otras personas.

Según relata, su intención inicial fue llegar a un acuerdo pactado con los primeros ocupantes.

Presuntamente, los primeros ocupantes se encontraban pagando un alquiler a las mafias por esa vivienda. Los propietarios les pidieron que no abonaran dinero a presuntas mafias intermediarias y que ahorraran esa cantidad para poder marcharse en un plazo razonable, dadas las dificultades actuales de acceso a la vivienda.

Afirma que durante aproximadamente dos años trataron de resolver la situación de forma dialogada, sin cobrar alquiler, dándoles muchos plazos y a cambio de que se fueran en un plazo razonable.

Cambio de ocupantes y denuncia ante la Guardia Civil

La situación se complicó cuando los primeros ocupantes comunicaron que se marchaban y parecía que todo se iba a arreglar. Sin embargo, al acudir a la vivienda, Francisco asegura que se encontraron con otras personas dentro.

“El viernes decidieron irse y, cuando llegamos, ya habían metido a otros”, relata.
Al entender que la entrada se había producido hacía menos de media hora, la familia acudió al cuartel de la Guardia Civil para denunciar los hechos, confiando en que se considerara un posible allanamiento de morada. Sin embargo, los agentes no procedieron en ese momento al desalojo de las nuevas personas que se encontraban en la vivienda.

Francisco afirma que no han recibido una explicación jurídica suficientemente clara sobre por qué no se ejecutó un desalojo inmediato y señala su desconcierto ante lo que considera un “vacío legal”.

Empresa de seguridad y control de accesos

Ante el temor a que siguieran entrando más personas en el edificio o se produjeran nuevos intentos de ocupación, la comunidad de vecinos decidió contratar una empresa privada de seguridad.

La firma, identificada por los intervinientes como un servicio de “desocupación y seguridad”, se ha encargado de controlar el acceso al portal con el objetivo de evitar la entrada de terceros ajenos al edificio, prevenir enfrentamientos, y disuadir posibles nuevos intentos de ocupación en el mismo inmueble.

Uno de los miembros de la empresa Feroz Squad, explica que su labor consiste en realizar rondas, vigilar movimientos extraños y avisar a las autoridades de cualquier incidencia, insistiendo en que actúan “dentro de la legalidad y en coordinación con la Guardia Civil”.

Una mujer con un menor dentro de la vivienda

Según la familia y los responsables de la empresa de seguridad, actualmente en la vivienda permanece una mujer con su hijo menor de edad. Afirman que han intentado ofrecerle alternativas temporales. Se le habría propuesto la posibilidad de alojarse varias noches en un hotel con su hijo mientras se buscaba una solución, pero el ofrecimiento no ha sido aceptado.

La familia sostiene que terceras personas intentan acceder al edificio para llevarle comida y mantener así su permanencia en la vivienda, algo que los propietarios y la comunidad ven con preocupación, tanto por la situación del menor como por el incremento de la tensión vecinal.

Juicio rápido pendiente y malestar por la situación

Francisco Orts asegura que el caso ha sido derivado a un juicio rápido de desalojo, señalado —según indica— para el 18 de este mes, y que se encuentra a la espera de la resolución judicial.

Mientras tanto, la tensión y la incertidumbre se mantienen. La familia afirma sentirse desprotegida, denuncian la existencia de presuntas “mafias” que intermedian en ocupaciones y alquileres irregulares.

También critican que sean ellos quienes deban asumir el coste económico y emocional de contratar seguridad privada y mantener una vigilancia constante en la puerta del edificio.

Desde la empresa de seguridad afirma que en la zona existen “varios casos más de ocupaciones ilegales”, y se apunta a la legislación estatal como marco que dificulta una respuesta más rápida.