• La Guardia Civil y los Inspectores de Pesca detectaron a los pescadores y las trampas ilegales sumergidas y sin señalizar.
• Se recuperaron ocho artes de pesca antirreglamentarios y se liberaron cuatro pulpos vivos.
• La pesca furtiva supone un grave perjuicio ecológico y económico, con sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros.

REDACCIÓN | 13/4/25.- La Guardia Civil, en colaboración con los Inspectores de Pesca Marítima de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, ha intervenido una embarcación que utilizaba artes ilegales para la captura de pulpos (Octopus vulgaris) en aguas de la bahía de Santa Pola.

La actuación tuvo lugar el pasado 5 de febrero, cuando los Inspectores de Pesca solicitaron apoyo tras observar desde la costa cómo una embarcación semirrígida, con dos personas a bordo —una de ellas equipada con traje de buceo—, depositaba en el fondo marino fragmentos de tubería que actuaban como trampas.

Con el respaldo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo Provincial, se interceptó la embarcación, se identificó a sus ocupantes y se inspeccionó el material a bordo. En ella se encontraron cubetas, herramientas y una botella de hipoclorito de sodio (lejía).

Durante la primera intervención se recuperó una trampa ilegal. En un segundo rastreo minucioso del fondo marino, el GEAS localizó un total de ocho trampas caseras elaboradas con tuberías de PVC, algunas de ellas clavadas al lecho marino con herramientas contundentes. En el interior de cuatro trampas se hallaron pulpos vivos que fueron liberados de inmediato.

Estas trampas carecían de señalización e identificación, contraviniendo la normativa que exige que todo arte profesional esté marcado con el nombre y la matrícula de la embarcación.

Tras las comprobaciones pertinentes, se procedió a la incautación del material y a la tramitación de las correspondientes propuestas de sanción.

La pesca furtiva con trampas ilegales representa una seria amenaza para la sostenibilidad del ecosistema marino, afectando incluso a ejemplares juveniles por debajo del peso mínimo legal de 1 kg. Además, supone un agravio para los pescadores profesionales, al introducir producto fuera de los cauces legales de comercialización, como las lonjas.

Según la Ley de Pesca Marítima, estas prácticas están tipificadas como infracciones graves y pueden ser sancionadas con multas de entre 601 y 60.000 euros. Parte de estas capturas podrían terminar en establecimientos hosteleros a través de canales irregulares, sin garantías sanitarias ni trazabilidad, lo que añade un importante riesgo para la salud pública.