- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anula la resolución que obligaba a los propietarios a costear la demolición de seis bungalows ilegales en la isla de Tabarca.

7/1/2024.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha eximido a los propietarios de seis bungalows ilegales en la isla de Tabarca de pagar los 420.000 euros que costó su demolición, realizada en 2016. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la resolución emitida por la Generalitat en febrero de 2020, argumentando que la sentencia judicial previa no determinó quién debía sufragar los costos de la demolición.

La construcción de estas viviendas se remonta a finales de los años 90, cuando el exalcalde de Santa Pola, Pascual Orts, obtuvo una licencia de obra mayor del Ayuntamiento de Alicante en noviembre de 1998 para levantar seis chalés en la isla. Sin embargo, en marzo de 2000, después de haber dado la licencia, el Ayuntamiento emitió un decreto para paralizar las obras, tras constatar que habían superado la altura máxima permitida en edificaciones turísticas.

El litigio culminó en 2016 con la demolición de las viviendas ilegales, cuya ejecución costó 375.136 euros, según datos de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. En su momento, el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, afirmó que la acción reflejaba "la voluntad clara del Gobierno valenciano de preservar los valores naturales y patrimoniales de Tabarca".

Ahora, la sentencia del TSJCV deja la factura en manos de la administración pública, ya que no se definió explícitamente la responsabilidad financiera en la sentencia original. Este fallo supone un revés para la Generalitat, que intentó recuperar los costos mediante la resolución de 2020.