Según ha adelantado la concejal de Urbanismo, Lola Gadea, al Periódico Santa Pola, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el PSOE contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por el convenio de urbanización del sector CJ-5, más conocido como Torre Brisó, en Gran Alacant.
El convenio data del año 2004, antes de que se aprobara el Plan General, que fue efectivo en diciembre de 2006. Entonces el Ayuntamiento y Masa, firmaron un convenio por el que este agente urbanizador adelantaba al Consistorio 6 millones de euros en metálico a cambio del compromiso del Ayuntamiento de realizar una modificación en el Plan General para permitir otro modelo de desarrollo en este sector.
Así, hasta entonces estaba permitida la construcción de viviendas de gran tamaño y con este convenio se podrían hacer más viviendas, pero de menos metros cuadrados cada una de ellas, con lo que se respetaba la edificabilidad aunque se aumentaba la densidad. Además, el agente urbanizador debía adaptar todos los servicios urbanísticos tales como agua, alcantarillado o potencia eléctrica.
Tras firmarse este convenio el PSOE presentó un recurso y el TSJ en una primera sentencia dictada en enero de 2007 desestimó íntegramente el recurso. Entonces el Grupo Municipal Socialista decidió interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien también lo ha desestimado. El PSOE deberá abonar las costas judiciales del proceso, cifradas por el magistrado del Supremo en 1.812 euros. Según los servicios jurídicos municipales, desde el principio el PSOE confundió el convenio con el cambio en sí mismo del Plan General y la modificación en la densidad no fue efectiva hasta que no se aprobó el Plan General.