El Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión del recurso de casación que el PSOE interpuso ante el máximo tribunal del Estado después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana diera la razón al Ayuntamiento por la suscripción de convenios urbanísticos referentes al sector CJ-5 en Gran Alacant. El Supremo ha condenado además al Grupo Municipal Socialista al pago de las costas procesales, una cuantía de unos 1.500 euros.
“El Grupo Municipal Socialista esgrimía la teoría de que la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana era inválida por no ser competencia suya, sino del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. La sentencia del Supremo desmonta su argumentación y deja claro que el TSJ era competente no solo para dictar, sino también para revisar las decisiones tomadas”, indica la edil de Urbanismo, Lola Gadea. “El tiempo pone a cada uno en su lugar y por mucho que se empeñen en decir que somos oscurantistas e ilegales, los únicos que han demostrado que hacen un mal uso de la Justicia han sido ellos”, añade Gadea. Según la edil estos convenio han permitido crear una mayor zona de protección entorno al Clot de Galvany y se han generado ingresos para el municipio manteniendo la misma edificabilidad.
