La Audiencia Nacional amplía a seis los antiguos dirigentes procesados por el coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil, que costó la vida a Silvia Martínez, de seis años, y Cecilio Gallego, de 57. El juez investiga la posible participación de la cúpula de ETA en la preparación y suministro de los medios utilizados
DAVID POVEDA | 25/10/2026.-
La Audiencia Nacional ha procesado a otros cuatro antiguos dirigentes de ETA por su presunta participación en el atentado cometido el 4 de agosto de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en el que fueron asesinados Silvia Martínez Santiago, de seis años, y Cecilio Gallego Alaminos, de 57, y otras 55 personas resultaron heridas.
La decisión del juez Antonio Piña, conocida el pasado 22 de octubre, supone un nuevo avance en la investigación judicial de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Santa Pola.
El magistrado aprecia indicios de que los antiguos responsables de la organización terrorista facilitaron recursos, materiales y medios necesarios para que el comando encargado del ataque pudiera ejecutarlo.
Cuatro nuevos procesados por el atentado
La resolución judicial afecta a cuatro antiguos integrantes de la dirección de ETA:
Juan Antonio Olarra Guridi, alias Jokin.
Ainhoa Múgica Goñi, alias Olga.
Félix Ignacio Esparza Luri, alias Navarro.
María Soledad Iparraguirre Guenechea, conocida como Anboto.
Los cuatro se suman a otros dos antiguos dirigentes de ETA que ya habían sido procesados en agosto de 2024 por estos mismos hechos: Mikel Albisu Iriarte, conocido como Mikel Antza, y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, alias Ramontxo.
De esta forma, son seis los exdirigentes de ETA procesados en esta investigación sobre las responsabilidades de la antigua dirección de la organización terrorista en el atentado de Santa Pola.
El juez investiga quién facilitó el coche bomba y los explosivos
El nuevo auto judicial se centra en la posible responsabilidad de quienes, desde la dirección de ETA, habrían facilitado los medios para ejecutar el atentado.
Según los indicios recogidos en la resolución y difundidos por distintos medios, las estructuras de la organización habrían intervenido en el suministro del vehículo utilizado como coche bomba, las matrículas falsas y el material explosivo.
El ataque fue ejecutado por el denominado comando Argala, que colocó un coche bomba junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola.
La investigación sostiene que la ejecución del atentado habría requerido la actuación coordinada de diferentes estructuras de ETA, dirigidas por su órgano de dirección, conocido como Zuba.
Las responsabilidades que analiza la Audiencia Nacional
La resolución atribuye, de manera indiciaria, diferentes funciones a los cuatro nuevos procesados.
Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi ocupaban responsabilidades en el aparato militar de ETA, encargado de coordinar y abastecer a los comandos operativos.
Félix Ignacio Esparza Luri estaba vinculado a la dirección del aparato logístico, responsable de obtener y preparar recursos materiales.
Por su parte, María Soledad Iparraguirre ejercía responsabilidades en el aparato financiero, relacionado con la gestión y distribución de fondos de la organización.
El magistrado considera que existen indicios suficientes para ampliar el procesamiento por su posible contribución a los hechos investigados.
El procesamiento no equivale a una condena. La responsabilidad penal de los investigados deberá determinarse en las siguientes fases del procedimiento judicial, con todas las garantías procesales.
El 4 de agosto de 2002, una fecha marcada en Santa Pola
El atentado tuvo lugar el 4 de agosto de 2002, cuando ETA hizo estallar un coche bomba junto a la casa cuartel de la Guardia Civil.
La explosión acabó con la vida de Silvia Martínez, una niña de seis años que se encontraba en su vivienda, y de Cecilio Gallego, de 57 años, que esperaba el autobús en una parada próxima al cuartel.
Otras 55 personas resultaron heridas por la explosión.
Aquel ataque causó una profunda conmoción en Santa Pola y dejó una huella permanente en la memoria del municipio.
Los autores materiales ya fueron condenados
La causa por el atentado ya tuvo una primera respuesta judicial.
En 2012, la Audiencia Nacional condenó a Óscar Celarain y Andoni Otegi, considerados autores materiales del ataque, a 843 años de prisión.
Sin embargo, la investigación sobre la posible participación de los antiguos responsables de ETA continuó abierta por otra vía.
En marzo de 2022, el procedimiento fue reactivado a raíz de una querella presentada por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, que solicitó investigar la responsabilidad de quienes dirigían la organización cuando se cometió el atentado.
La investigación se centra ahora en determinar si los exdirigentes podían tener responsabilidad penal por su intervención en la preparación, financiación y organización de los medios utilizados para cometer el ataque.
Un nuevo paso judicial, 24 años después
La resolución conocida esta semana no cierra el procedimiento ni supone una sentencia contra los cuatro nuevos procesados.
Sí amplía el alcance de una investigación que busca esclarecer si, además de quienes colocaron el coche bomba, existieron otras responsabilidades penales dentro de la estructura de dirección de ETA.
Veinticuatro años después del atentado, la muerte de Silvia Martínez y Cecilio Gallego vuelve a situarse en el centro de una nueva decisión judicial, en una causa que permanece ligada a la memoria de las víctimas y a la historia de Santa Pola.
