El anuncio se realizó en Dubái e incluye cinco líneas de reforma: edad mínima, responsabilidad penal, algoritmos, trazabilidad y pesquisas sobre algunas plataformas.
REDACCIÓN | 3/2/2026.-
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un plan de reformas para elevar el control sobre las grandes plataformas digitales, con una medida estrella: prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años obligando a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. El anuncio se realizó durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái.
La iniciativa, presentada como un “paquete” legislativo y regulatorio, se apoya en cinco directrices. La primera busca poner fin a la “impunidad” de los directivos para que respondan legalmente por infracciones cometidas en las plataformas bajo su responsabilidad.
La segunda línea pretende tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, una propuesta que apunta directamente al corazón del modelo de recomendación y viralidad que emplean muchas redes.
El tercer eje es el más visible: vetar el acceso de menores de 16 años a redes sociales y exigir a las plataformas que verifiquen la edad “de forma efectiva”. En la práctica, esto abre el debate sobre qué sistemas se consideran válidos (documento, identidad digital, verificadores externos, etc.) y cómo se equilibra con privacidad y protección de datos.
La cuarta medida añade un concepto llamativo: la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad para establecer una “Huella de Odio y Polarización”, una herramienta que, según lo anunciado, serviría para medir y seguir el rastro de dinámicas de odio y polarización en el entorno digital.
Por último, el Gobierno plantea abordar con la Fiscalía vías para investigar posibles infracciones legales vinculadas a herramientas y redes concretas, citando a TikTok e Instagram (junto a Grok).
En paralelo, Sánchez enmarcó el movimiento en una coordinación europea: España se sumaría a otros cinco países en una coalición para acelerar y endurecer la regulación multinacional de plataformas.
El anuncio abre una etapa de debate inevitable: cómo se aplicará el control de edad sin convertir internet en un “torniquete” para todos, quién y cómo auditará algoritmos y qué garantías habrá para que la regulación sea efectiva sin convertirse en un ruido burocrático. Lo que está claro es que el Gobierno quiere pasar de “recomendar buenas prácticas” a poner obligaciones con nombre y apellidos.
