El grupo municipal VOX, representado por la portavoz Mireia Moya, va a presentar en el pleno ordinario de hoy una moción en el Ayuntamiento de Santa Pola por el aumento de las llegadas a las costas de “inmigrantes ilegales traídos con la intervención de mafias de tráfico”.

El partido justifica su propuesta alegando que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no disponen de medios personales, materiales y jurídicos necesarios para afrontar esta situación, algo que, según ellos, se agrava con la pandemia. VOX comenta que “una parte considerable de los inmigrantes ilegales resultan positivos en los test PCR”, contribuyendo a los rebrotes de la epidemia y a una puesta en riesgo de la salud pública.

Por ello, la formación verde propone un acuerdo basado en dos puntos. En primer lugar, piden que se eliminen todas las subvenciones a fundaciones, ONG´S o asociaciones similares que, de algún modo, “colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos” y “faciliten” el envío masivo de personas a las costas españolas y, en especial, a las santapoleras. A su vez, también se refieren con este punto a aquellas organizaciones que no colaboren en el cumplimiento de los convenios establecidos por el Ministerio correspondiente, “permitiendo la huida descontrolada de inmigrantes ilegales bajo su tutela”.

En segundo lugar, la corporación insta al Gobierno a la reapertura “inmediata” de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, habilitando nuevas instalaciones temporales si fuese necesario, para “retener” a todos los inmigrantes que llegan a las costas hasta su repatriación a los lugares de origen, ampliando además los períodos de permanencia en los CIEs y dotando de medios personales y materiales a estos centros para que funcionen de mejor manera. Además, piden que se dote de más medios personales, jurídicos y materiales para reforzar la “vigilancia, retención y detención” de los inmigrantes ilegales (especialmente aquellos que estén contagiados de COVID-19).

Finalmente, VOX reclama que se revisen y amplíen los acuerdos de devolución de inmigrantes ilegales con los países de origen y la “presión” a dichos Estados para que “colaboren y faciliten la repatriación” de las personas que llegan de forma irregular, así como a suspender las ayudas a los que no colaboren.