Compromís per Santa Pola presenta en el Pleno de hoy una moción para pedir la creación de una Ordenanza Municipal Reguladora de la ubicación de las sedes de asociaciones de Clubes Sociales de Cannabis.
Los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) son asociaciones sin ánimo de lucro que se autoproveen de cannabis y/o sus derivados entre sus propios socios, “ya sean consumidores terapéuticos o lúdicos, todos mayores de edad y en un ámbito privado, reduciendo así los daños asociados al mercado clandestino y a determinados usos”, declaran en una nota remitida al medio.
Estos Clubes Sociales de Cannabis son una realidad en municipios cercanos a Santa Pola, como Alicante, y la actual legislación española sobre el cannabis no penaliza el consumo de esta sustancia por parte de personas mayores de edad en un ámbito privado (como son estos CSC). “En la actualidad no tenemos constancia de la existencia de ningún CSC en Santa Pola, pero como la legislación estatal permite estos clubes, consideramos que la administración municipal debe ser responsable y establecer previamente unas reglas para que, en caso de darse en el futuro, esta actividad se pueda desarrollar en unas condiciones adecuadas de higiene, de seguridad y de convivencia con el vecindario.”
La futura Ordenanza no pretende regular ni legalizar los clubes sociales, “ni tampoco el cultivo, comercialización, importación y exportación, distribución o consumo de cannabis, entre otras cosas porque no es competencia municipal, sino que solo regularía la ubicación de los clubes y las condiciones que deberían cumplir los locales en que se realice esta actividad”, declaran.
Algunas de estas condiciones y reglas podrían ser el establecimiento de unas distancias mínimas entre las diferentes sedes, una distancia mínima también respecto de los centros educativos del pueblo, y que estos locales reúnan unas condiciones mínimas tanto para evitar molestias en el vecindario, como de seguridad, salubridad e higiene para las personas usuarias. Además, se incluiría un Código de Buenas Prácticas con un protocolo de convivencia y resolución de conflictos, la renuncia a promover el consumo de cannabis, el compromiso de no tener contacto con menores ni realizar publicidad de sus actividades y cualquier otra buena práctica que se estime oportuna.
“El consumo de cannabis es una realidad en nuestra sociedad y el Ayuntamiento debería asumirlo con normalidad”, afirman desde Compromís