Ciudadanos Santa Pola entiende, en primer lugar, que ante acciones de tal calado como las que “pretende imponer el decreto de educación”, hubiese sido exigible que la administración “hubiese realizado una exposición del modelo lingüístico en cada municipio y en especial a los que, por historia, nunca han utilizado el valenciano como forma social de comunicación entre sus vecinos”.
El modelo contemplado en este decreto “crea valencianos de primera y de segunda”, según declara la formación naranja, al ofrecer a aquellos estudiantes de los centros que escojan la inmersión en valenciano a través de los niveles más avanzados, “la posibilidad de estudiar más horas de Inglés que otros, además de la posibilidad de obtener la titulación de las competencias lingüísticas en inglés y valenciano”.

Anticonstitucional
Igualmente, son de la opinión de que el presente decreto “vulneraría lo recogido en el artículo 9.2 de la Constitución Española”, que establece la obligación de los poderes públicos “a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas”. Del mismo modo, también vulneraría para C’s el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana “donde claramente se establece que nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. En su actual configuración, sólo los alumnos que terminen Bachillerato dentro del nivel Avanzado del Plan Trinlingüe con mayor presencia del Valenciano obtendrán de manera automática el certificado del B1 en Inglés”.

Ninguna lengua relegada
Desde Ciudadanos entienden que la actuación de la Generalitat Valenciana en la materia debe estar siempre presidida por la creación de las condiciones favorables que permitan que el uso normal tanto del Valenciano como del Castellano, “sin que ninguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana quede relegada a un segundo plano”.
Este Decreto, “al contrario de lo que pretende, conseguirá que muchos ciudadanos valencianos perpetúen en el tiempo actitudes de desafección hacia la lengua valenciana”, cuando desde Ciudadanos entienden todo lo contrario y creen que la misión del Consell “debería consistir en promover entre la ciudadanía la necesidad de que las lenguas valenciana y española fuesen percibidas como un patrimonio compartido sin excepciones”.