El Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola votó por 12 votos a favor (equipo de Gobierno más Ciudadanos) y ocho abstenciones (PP) para desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado por la Mercantil Monte y Mar SL y de la agrupación de interés urbanístico Ciudad Jardín el 5 de agosto, sobre los pronunciamientos plenarios del mes de julio del presente año.
Tras la desestimación, todo el expediente pasará a manos de SUMA gestión tributaria para que incoe el expediente oportuno para iniciar acciones ejecutivas con respecto al cobro de 3.460.121,04 euros, más los intereses devengados por la modificación del PGOU de 1985.
El concejal de Hacienda, Ignacio Soler, abrió el turno de palabra haciendo constar que, tras el último intento de negociación con la empresa, “ésta no se ha presentado en la reunión que ella misma convocó”. Con la votación del pasado viernes, habría de “dar fin” lo que era, para juicio del edil “un disparate en cuanto a cómo se llevó a cabo la firma del convenio (sin garantías o calendario) y no haber requerido el cobro a la mercantil” por parte del equipo de Gobierno anterior (ratificado este extremo por una certificación de Intervención, en palabras de Soler).

Pagos realizados
La Mercantil ha pagado por voluntad propia, un millón de euros en 2006, 1,5 en 2007 y otros 50.000 euros en años posteriores. En 2012, la mencionada empresa presenta su intención de realizar la autoliquidación de las plusvalías, “y aún teniendo todos los informes técnicos favorables, ustedes ni lo tratan. Ni tan siquiera lo traen a Pleno, ni dan opción de negociar una cantidad a cobro”, resalta Soler.
El 30 de julio de 2015, poco tiempo después de la entrada del nuevo Gobierno, se hace un requerimiento de cobro a la empresa de los mencionados tres millones y medio. Aquí se abre un proceso de negociación en el que todos los informes técnicos y jurídicos remiten al convenio de 2012 firmado por el anterior Gobierno. “Por eso es el estupor del por qué al pueblo de Santa Pola se le ha privado de las plusvalías de un convenio que usted (a Miguel Zaragoza) firmó y que ninguno de sus concejales de Hacienda intentó cobrar”, declaró el edil de Hacienda. Finalmente, aseguró que Zaragoza “faltaba a la verdad” cuando afirmaba que se ha intentado cobrar.

Riesgo de judicializar
Por su parte, el portavoz del PP y ex alcalde de Santa Pola contestó a Soler que el convenio establecía que se podía hacer un mayor número de viviendas en los mismos metros cuadrados, “con todos los informes técnicos y jurídicos que lo avalaban”. A la vez que se hacía esto, se modificaba la Ley Urbanística de la Comunidad, la cual establecía el mismo principio. A raíz de ahí “se firma un convenio para que se pudiera realizar un ajuste de los precios por el aprovechamiento del suelo al poder tener más viviendas, no más metros”.
Recalcó Zaragoza el riesgo de judicializar este expediente, “porque la resolución, lamentablemente, llegará dentro de muchos años”, por lo que hay que seguir la vía de negociación para llegar a un buen acuerdo. “Nosotros, lo que queríamos era cobrar. Con la ley valenciana a punto de aprobarse. Aún así, se firmó un convenio con las condiciones expuestas. Así es como se debe intentar cobrar ese dinero”, remachó.
Solicitó, además, la retirada del orden del día de la votación del recurso de reposición “por carecer de los informes solicitados; para que se agoten las negociaciones con la empresa de manera formal y que seamos realmente conocedores de las consecuencias a las que se expone el Ayuntamiento y qué riesgo tiene. Porque un procedimiento jurídico de estas circunstancias puede caer de un lado o de otro”. En caso de ser favorable, se cobrarán los tres millones y medio más los intereses, “en caso de ser contrario, puede dejar de cobrar y devolver dos millones y medio de euros ya percibidos”.

Sin prescripción
Teniendo en cuenta “ que no hay ninguna prescripción sobre la mesa, lo sensato es agotar todas las vías para agotar la negociación”, recalcó. Si los servicios jurídicos municipales consideran que la garantía de cobro puesta sobre la mesa por parte de la empresa es insuficiente “que se amplíe. Si es porque el solar no está urbanizado, que se proponga el cambio por otro... pero la pronunciación nos puede llevar a un camino sin retorno y muy perjudicial”. Exhortó a que las partes se sentasen una vez más, “porque lo que se trajo al Pleno es un acuerdo que se ha roto. ¿Qué ha pasado para que, donde antes había un acuerdo, ahora no?”.
Yolanda Seva emplazó a Ignacio Soler a explicar el proceso de negociación, destacando que no hay nadie que haya intentado con más fuerza llevar a buen puerto estas negociaciones.
Soler relató que se ha estado negociando “casi un año, semanalmente. Ajustando valores con la empresa, con todos los informes. Pero se ha roto porque hay una cosa que se llama garantías, porque esto no es una empresa privada, es una institución. Más con un antecedente de que, desde 2004, ni cobramos ni pagamos (las plusvalías por la venta del suelo)”.
“La empresa no quiere negociar, no quiere llegar a ningún acuerdo. No quiere más que marear la perdiz. Soy el primero que prefiere un mal acuerdo a un buen pleito, pero lo quiero con garantías”, estipuló el titular de la cartera de Hacienda.

Dejado la piel
Lola Gadea, anterior concejal de Urbanismo, en su turno de palabra, abundó en el hecho de que se habían “dejado la piel” por este convenio, “porque usted no sabe las reuniones, las llamadas... Señor Soler, quiero que entienda que nuestro equipo de Gobierno siempre ha querido hacer una gestión eficiente y que su afán de minusvalorarnos es engañar a los santapoleros”.
Para Ignacio Soler, lo único cierto es que “no se ha cobrado, porque cuando ellos (la empresa) han puesto 125.000 euros sobre la mesa, ni tan siquiera lo han cogido”. Estipuló que “si ustedes (el PP) llegan a ganar las elecciones, esto prescribe en el 2019. Con su historieta, simplemente, de que había informes contradictorios”. Tampoco entendió por qué la negativa a pagar “por alrededor de 3.000 viviendas construidas” donde antes había proyectadas menos de mil. Para finalizar su argumento, pidió al secretario un informe de “cuántos jóvenes han tenido acceso a estas viviendas”.
A cerca de los 125.000 euros que el Ayuntamiento “no quiso cobrar, no es cierto”, insistió Zaragoza. Recordó que los dos millones y medio cobrados, “correspondían a un convenio que, a día de hoy, está firmado y se ha ido cumpliendo”. En Gran Alacant, “los sectores y parcelas a construir eran de 1985, cuando había otro Gobierno. Esa parcelación no se puede modificar. No es ni nuestra intención ni nuestro objeto el poder especular y los informes jurídicos vienen avalados por una ley urbanística valenciana. Nosotros seguimos negociando para cobrar el 100% de la deuda”.
Cuando llegó Ignacio Soler hace 14 meses al Gobierno, afirmó Zaragoza que éste dijo que “lo que ustedes no han solucionado en 14 años yo lo he arreglado en 15 días. Pues han pasado 14 meses y no está arreglado y, como sigan ustedes manteniendo esta posición, no sabremos dónde irá a parar”.
A estas declaraciones, le recordó Soler al ex alcalde que no se había querido cobrar los 125.000 euros a cuenta del convenio (sí otros tantos al pago de licencias) y los “múltiples requerimientos de intervención” al cobro de los mismos que se reportan de 2009 al 13 de septiembre de 2011, “el último, y se ve que porque se cansó”. No tiene por costumbre el concejal el dejarse engañar “y después de un año se me acaba la paciencia, pues lo que corresponde ahora es pagar. Al cabo de un año, lo que ha cambiado es que la deuda está reclamada y reconocida, algo que ustedes no tenían. Lo único que falta es la ejecución de la misma, por falta de garantías de la empresa, que es lo que se ha comprometido a firmar hasta media hora antes de este Pleno”.
Yolanda Seva agradeció lo realizado por Soler, adelantando que “sólo queda hueco para votar la desestimación del recurso”.