Nueva reunión de los representantes legales de los vecinos afectados del Santa Pola Life Resort (ahora Santara Resort). Unos vecinos que, recuerda el abogado Enrique Botella (que lleva a quince de los afectados), se han visto afectados por la compra de una propiedad “que no era tal, sino una servidumbre de uso personal de carácter perpetuo”. Hasta ahí, todo bien sobre el papel, “pero choca frontalmente con el pliego de condiciones por el que se vendió inicialmente el suelo, que prohibía la segregación y división horizontal para la venta o cualquier otra forma de residencia permanente y, en segundo lugar, choca frontalmente con una figura de compra que no existe en el Código Civil”.
Los vecinos, obviamente, han tenido que abonar una cantidad “superior incluso, al precio de mercado porque, supuestamente, se les facilitaban una serie de servicios que nunca se les han dado”. En los estatutos del complejo, según indica el letrado, “pese a haber pagado por los mencionados servicios, aparecían cláusulas tales como la entrada a menores, el uso de la propiedad sólo podría ser para mayores de 55 años y, si se querían usar los servicios médicos, tendrían que pagar por ellos, pese a haberlos adquirido en la escritura de constitución de servidumbre”.
Obviamente, los letrados acudían a la segunda reunión con el Ayuntamiento, alcaldesa al frente, para comentarles no sólo los pormenores de las denuncias que han presentado a nivel particular en el juzgado, “también para que el Consistorio nos informase del estado del expediente sancionador puesto contra el Resort, ya que estaría incumpliendo el pliego de condiciones administrativas por las que se les dejó un suelo valorado en 20 millones en tan sólo cinco y medio, por el motivo de que iba a ser destinado a uso asistencial-sanitario”.

Expediente caducado
La sorpresa para los cuatro letrados y un vecino que acudieron el martes por la mañana fue el enterarse de que “el expediente sancionador no ha sido incoado todavía y que se está recabando información, según nos han dicho”. Botella especificaba que la anterior corporación “sí puso un expediente sancionador por el incumplimiento del pliego de condiciones. Pero, al llegar el nuevo equipo de Gobierno, se decide archivarlo por considerar que estaba prescrito y mal incoado, según dijeron ellos”.
Sin embargo, y pese a tener conocimiento de los incumplimientos y que, tal y como desvela Botella, “la empresa Santara Resort está alquilando los apartamentos en páginas de reserva hotelera a cualquier persona, sin restricción alguna, el Ayuntamiento no ha hecho nada”. Destaca que, durante la reunión, se mostró una reserva realizada esta misma semana por una persona de su despacho, “no le preguntaron la edad, ni le pusieron ninguna restricción. La reserva está efectuada y se la hemos enseñado al Ayuntamiento”.

Actuación “lamentable”
Cuando se han puesto de manifiesto todos estos incumplimientos, según declara el abogado, “la alcaldesa, visiblemente molesta, ha decidido levantarse y dar por terminada su presencia en esta reunión. De hecho, es la segunda vez que nos lo hace, aunque la vez anterior se quedó hasta el final, sólo amagó”.
Califica de “lamentable” la actitud de Yolanda Seva, “pues se ha limitado a decirnos que repetimos lo mismo que en la primera reunión. Normal, porque no se ha hecho absolutamente nada. No nos han dado solución alguna, ni han ejercido acciones legales contra los gestores o propietarios del actual complejo. Ni expediente incoado, ni nada”. Recordaba que los afectados son vecinos de pleno derecho de Santa Pola, “empadronados y que le están pidiendo a su Ayuntamiento que los ampare. No que hagan nada jurídicamente, sino que actúen por el bien social, por los vecinos de Santa Pola. Pero, por parte de la actual corporación, no ha habido respuesta… desde el mes de septiembre”.
Finalmente, el equipo de abogados destaca que su único interés es que se abra un expediente sancionador “por lo que nosotros consideramos un incumplimiento del pliego de condiciones. Incumplimiento que no sólo afecta a estos vecinos, sino a todo el pueblo, pues se ha perdido una gran cantidad de dinero”. Además, resalta que “incoar no es sancionar, es abrir un periodo de investigación en la que se recabará información de todas las partes y ofrecer soluciones a los vecinos por este asunto, que no es otra cosa que el deber de todo ayuntamiento”.
Así las cosas, dentro de veinte días está pautada otra reunión.

Escalada: “Velamos por los vecinos y el interés general”

Preguntado el edil de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Alejandro Escalada, el motivo por el que, según los letrados, se había dejado caducar el expediente incoado por la anterior corporación del PP. Escalada afirmaba que “en primer lugar, aún no se ha incoado un nuevo expediente porque estamos recabando toda la información de las partes. Nuestro objetivo es saber de qué forma pueden actuar los servicios jurídicos del Ayuntamiento”.
En segundo lugar, y sobre la caducidad del anterior expediente, aseveraba el edil “porque estaba mal incoado, ya que iba dirigido hacia una persona jurídica que no era. Así de sencillo”. Con respecto a si Yolanda Seva abandonó la reunión o no, Escalda fue claro y conciso: “la alcaldesa se levantó de la reunión porque consideró (y consideramos) que las formas que tenían los abogados eran bastante agresivas y no las creo necesarias, más en una reunión informativa”.
Agregó que el Ayuntamiento está a la espera de que se confirme por parte de los actuales gerentes del Resort si “estarían dispuestos a sentarse en una mesa con nosotros y los abogados de los afectados”.
La intención del equipo de Gobierno, “y de todo el Ayuntamiento”, no es otra que la de “velar por el interés general y, particularmente, por los vecinos afectados”.