En el pleno ordinario de mayo, celebrado el pasado viernes, se ha aprobado con los votos favorables del PP y PSOE y el contrario de Compromís la cesión al organismo dependiente de la Diputación Provincial, SUMA Gestión Tributaria la gestión del cobro de todos los recibos municipales (tales como plusvalías por venta de viviendas, alcantarillado, IBI, etc.) que no se hayan hecho efectivos en el período voluntario y hayan pasado a ejecutiva, es decir, con recargo. Con esta decisión el Ayuntamiento pretende que no se queden sin cobrar muchos recibos de “morosos”, sobre todo de personas que no residen habitualmente en nuestra localidad y a los que es mucho más complicado realizar las notificaciones y luego forzarles a realizar el pago. “Según el informe de Tesorería, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales marca una limitación territorial a los ayuntamientos por la que sólo podemos actuar dentro de nuestro término municipal, y esto impide que podamos reclamar el cobro a los ciudadanos de otros municipios. Con esta medida intentamos que todas las personas que están obligadas a pagarle al Ayuntamiento lo hagan. Me parece ilógico que no podamos actuar hacia personas que están empadronadas en otros municipios y es injusto que sólo podamos reclamar a los vecinos de Santa Pola”, indica la edil de Hacienda, Ana Blasco.
Para argumentar su voto en contra, el portavoz de Compromís, Federico Zaragoza, argumentó que el Ayuntamiento, de esta forma dejaría de ingresar el dinero de los recargos, que cobraría SUMA por su gestión y que el Ayuntamiento dispone de personal suficiente y cualificado para realizar esta tarea. Ana Blasco replica que “es mejor cobrar aunque sólo sea el principal del recibo que no cobrar nada”. En el pleno también salió a relucir la cifra de 3 millones de euros que, según Compromís, es la que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar por no cobrar los recibos en ejecutiva, pero la edil de Hacienda indica que esta cifra es irreal y no se ha precisado aún. “Durante toda la historia de este Ayuntamiento, ya sea con gobiernos de izquierdas o de derechas, hemos tenido este problema y lo que queremos es darle solución y SUMA tiene el brazo más largo y con su gestión podremos ingresar más dinero”, indicó el alcalde, Miguel Zaragoza.
Ante la nueva Ley de Seguridad Vial, que estipula unos plazos muy cortos para la gestión de las multas de tráfico, el Ayuntamiento también ha delegado en SUMA esta potestad, tanto en período voluntario, como en ejecutivo.
