Antonio Sáez, presidente de la Federación Alicantina de Comerciantes y Pequeñas y Medianas Empresas (Facpyme), junto con Francisco Rovira, secretario general de Facpyme, realizaron un encuentro con empresarios locales del sector de la hostelería y el comercio, así como representantes de la Administración para informar sobre las graves consecuencias de la instalación del macro centro comercial en Alicante.
Esta actuación urbanística, de más de dos millones de metros cuadrados, contemplaría la creación de una zona comercial de 300.000 metros cuadrados, tal y como indicaba Rovira, “de los cuales 40.000 irían destinados a Ikea, quedando el resto como locales de alquiler para la instalación de comercios, cadenas, locales de ocio y un largo etcétera de establecimientos y negocios que cambiarían de forma radical el polo del comercio no sólo en la capital, también en los pueblos y ciudades colindantes y toda la provincia”.
Para el presidente de la Federación, “esta operación terminaría con el comercio de proximidad, con centenares, miles de puestos de trabajo, ya que el público está mostrando sus preferencias por acudir a este tipo de espacios que engloban una gran cantidad de oferta”.
Para municipios como Santa Pola, en los que el pequeño comercio y la hostelería copan prácticamente el 80% de los puestos laborales, “el golpe sería brutal, de unas consecuencias económicas y sociales irreversibles”, destacaba la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Santa Pola, Pepa Garri.
Garri aseguraba que la villa se vería gravemente afectada, “por los escasos kilómetros que nos separarían”. El futuro Leviatán no muestra sus fauces sin motivo, “sólo hay que mirar el caso de Murcia y las poblaciones limítrofes tras la instalación de la Nueva Condomina. El daño ha sido enorme”.