En el pleno de mayo se aprobaron tres mociones sin contenido administrativo que habían sido consensuadas por los portavoces del PP y de Compromís. El PSOE votó en contra. En la primera de ellas se acuerda “rechazar como administración local las medidas propuestas por el Presidente del Gobierno del Estado en el plan para luchar contra el déficit público que se proponen suprimir la retroactividad en el pago de las ayudas de la Ley de Dependencia, eliminar las ayudas a las familias, suspender el aumento de las pensiones (sobretodo las más bajas), revisar el sistema de financiación de los fármacos, y reducir los sueldos de los funcionarios, las ayudas al desarrollo y la inversión pública”. Se argumenta que “el Estado no ha tomado ninguna medida ni ha planteado ninguna iniciativa para reformar en profundidad el sector financiero (verdadero artífice y causante de la crisis), ni ha propuesto hacer una reforma fiscal justa y progresiva (donde se aumenten los impuestos a las personas con más ingresos, se recupere el impuesto de patrimonio y sucesiones, se aumente el IVA para los productos de lujo y se refuerce la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida), ni mucho menos se han articulado acciones que acaben con los chiringuitos financieros y no se establezcan medidas que obliguen a los bancos a dar créditos a las familias y las pymes”. Y además, se indica que “ ningún empleado público de este Ayuntamiento vea disminuido su poder adquisitivo siempre dentro del marco legal”.
En otra de las mociones se insta al Gobierno a “eliminar la subida del tipo impositivo del IVA prevista para julio del 2010 y elaborar un programa de reformas tributarias orientado a mejorar la suficiencia del sistema”. Consideran PP y Compromís que, “además de la repercusión negativa que esta subida tendrá sobre productos y servicios como ropa, calzado, electrodomésticos, recibo de la luz, factura del teléfono, coches, vivienda, alimentación, hostelería, restaurantes, transporte terrestre…, los Ayuntamientos y las CCAA verán drásticamente disminuida su capacidad para contratar obras y servicios que prestan a los ciudadanos”.
En el último de los escritos el Ayuntamiento de Santa Pola acuerda instar en Las Cortes a la aprobación de la Proposición de Ley de rescate de la concesión en los tramos de peaje de las autopistas Tarragona-Valencia y Valencia-Alacant de la autopista AP-7 Mediterráneo.
“No entiendo por qué los concejales socialistas votaron en contra de estas mociones, ellos siempre han dicho que por encima de los intereses de su partido estaría el de los ciudadanos de su localidad, pero no es así, ya que no muestran su disconformidad con estas medidas que perjudican a pensionistas, trabajadores y a todos los ciudadanos”, indica el portavoz del PP, Jorge Perelló.
