Desde el Partido Socialista declaran que en agosto se termina el plazo para pagar los cerca de dos millones de euros a la mercantil Marblas. Esta deuda, si bien inicialmente ascendía a 3 millones de euros, fue reducida por el anterior ejecutivo local, en diciembre de 2018, se realizó un pago de 900.000 euros a la empresa en concepto de intereses de la deuda, “y es que se trata de un tema heredado por parte de la anterior Corporación del PP de Miguel Zaragoza”, apuntan.

El PSOE, a través de nota de prensa, explican cómo se contrajo esta deuda: “Durante el primer mandato de Miguel Zaragoza (2003-2007), la empresa santapolera MARBLAS se erige como agente edificador de un sector urbanístico; esto es, a cambio de los derechos de explotación del citado sector urbanístico, la empresa paga los correspondientes impuestos y tasas al Ayuntamiento (IBI’s, plusvalías, licencias de obra, etc.) y, además, en el caso de MARBLAS, se comprometía a ceder un edificio que ellos mismos construirían al Ayuntamiento, siendo esta construcción la conocida como el José Tovar, acogiendo en la actualidad al profesorado y al alumnado del Colegio Hispanidad”.

Continúan afirmando que, durante el período que rezaba en el contrato para poder urbanizar el correspondiente sector (es decir, construir en él), el Ayuntamiento “no facilitó ni dio ningún tipo de licencia a la empresa para poder ponerse manos a la obra (porque el PP de entonces lo impidió a través de la aprobación de su propio Plan General de Ordenación Urbana), con lo que la mercantil nunca pudo desarrollar su actividad urbanística y, por tanto, recuperar, al menos, la inversión realizada en la construcción del José Tovar”, aseguran los socialistas.

Abundan en este hecho, aseveran que “ya en 2014, y también a principios de 2015, la empresa reclamaba el pago de lo que les había constado construir el edificio más los correspondientes intereses”.

Guerra judicial
Fue en ese momento en el que comenzó la “guerra judicial” entre empresa y Consistorio, siendo así que “tras varios informes de los abogados del Ayuntamiento, Yolanda Seva, como alcaldesa, creyó que era de justicia pagarle a la empresa lo que era suyo, evitando así posibles sentencias que en un futuro costarían mucho dinero a las arcas municipales (puesto que cada mes que pasaba, los intereses de la deuda iban aumentando exponencialmente)”, exponen desde el PSOE.

En la actualidad, si bien los intereses de la deuda, cifrados en 900.000 € fueron pagados en diciembre de 2018, el montante restante, de aproximadamente 2 millones de euros, “se dejó presupuestado y pendiente de pago, puesto que en agosto acaba el plazo para pagarle a la mercantil, según la sentencia judicial”, aseguran.

Pasmo e inacción
El Grupo Municipal Socialista espera que el gobierno de Loreto Serrano “salga de su pasmo y de su inacción y pague lo que se le debe a la empresa, puesto que, de no hacerlo antes de la fecha indicada, los santapoleros se podrían enfrentar a pagar una deuda mucho mayor de la pactada con la mercantil, y eso sería como ir en contra de los intereses del municipio”.

“Es hora de empezar a gobernar y dejarse de brillar”, apostilla Lorenzo Andreu, Portavoz de socialist en el Consistorio, en una clara referencia al eslogan de la actual alcaldesa. “O se ponen a trabajar en serio de una vez, o volveremos a tener que pagar otro pufo del Partido Popular. Sólo tienen que pagar la deuda, que ya está presupuestada”, recalca el socialista. “No vale intentar confundir a la ciudadanía culpando de esta situación al anterior equipo de gobierno, insinuando que se despilfarraba el dinero de todos. Este es un pufo del PP y es al PP a quien le ha explotado, por una vez, en la cara. Toca continuar con la solución que nosotros dimos ya en 2018. ¿Serán capaces de gestionar y defender el interés general de los/as santapoleros/as?”, declara Andreu

Si al final no se produjera el pago por parte del Ayuntamiento, la mercantil podría activar un procedimiento judicial para solicitar el abono de toda la deuda, con todos los demás intereses más los correspondientes daños y perjuicios, “que podrían ser incluso reclamados a la alcaldesa y a los ediles de Hacienda y Urbanismo actuales”, apostillan.