El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel), fue presentado de forma oficial (para toda la zona sur de Alicante) en el Baluarte del Duque el pasado martes. Un Plan que, en palabras del Director General de Ordenación del Territorio, Josep Lluís Ferrán, pondrá fin al “urbanismo depredador” de nuestra principal fuente natural, nuestras costas. La Comunidad Valenciana cuanta con hasta 450 kilómetros, centenares de miles de metros que el Pativel pretende valorar de forma activa como un espacio de calidad; generar un valor añadido y focalizarse en el desarrollo sostenible. En este litoral, vive el 80% de la población valenciana y se genera el 15% del PIB autonómico.
Se han planteado, grosso modo, tres franjas. Una primera que incluiría los 500 metros de litoral; una segunda franja de protección entre 500 y mil metros y, la tercera, hasta los 2.000 metros, donde se limitaría, de forma proporcionada, la construcción e instalación de actividades, dependiendo del grado de protección que, obviamente, decrece a medida que se distancia de la mar.
Vecinos en la Zona 1
En el caso que afecta a los vecinos y dueños de casas y parcelas ubicadas en la zona del cabo de Santa Pola, que llenaron por completo el Baluarte, estaríamos hablando de una Zona 1 de pleno derecho. Como bien dijo el Director General, existe una necesidad de regularizar estas viviendas, “sumándole la integración paisajística de las mismas”. Es decir, adelantó que no se tirarán las mismas, “entre otras cosas, porque no existen fondos para hacer frente a las posibles indemnizaciones”. Por ello, “se buscarán fondos procedentes de la Unión Europea orientados a la creación de infraestructura verde (como puede ser el proyecto de una gran vía verde que una todos los municipios costeros)”, además de permitir “tras la regularización que, incluso, algunas de estas casas puedan cambiar su uso, pasando a ser un hotel rural, un restaurante”.
Objetivo, la habitabilidad
Destacó también que el objetivo es que “esas casas queden fosilizadas”, siempre garantizando unos mínimos de habitabilidad (alcantarillado, gestión de residuos, agua…) y seguridad (viales de al menos seis metros para que accedan los servicios de emergencia). Recalcó que “habrá ayudas”, pero también plazos a cumplir tras la aprobación (esperan que en un año, tras la presentación de alegaciones), pero que el objetivo “no son las expropiaciones”. Se contemplarán las reclamaciones patrimoniales por derechos adquiridos, así como la legalidad manifiesta (art. 12.3 del Pativel). Afirmó Ferrán que no quería “engañar a los vecinos” y que lo que se pretendía era una “puesta en valor”, porque “es la opción más favorable”.
También recordó que, toda vez que el Pativel quede aprobado, “se habrán de adaptar los distintos Planes de Urbanismo”, ya que están obligados a hacerlo a la norma superior que, en este caso, sería el Pativel.
Huelga decir que los vecinos de la zona reclamaron, en varias ocasiones (no sin tensión), que “se pusiera por escrito” y “de forma clara” cómo afectaría a sus casas y terrenos, así como qué es lo que habían de hacer “punto por punto” para regularizar sus viviendas. Yolanda Seva, en su intervención, dejó bien claro que “no va a entrar la pala” por la zona, desmintiendo algunos “bulos malintencionados” que han corrido sobre esto.
