El pasado lunes, el Diario El Mundo publicaba la sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre la licitación de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Pola. El texto de la resolución, tal y como se indica en el mencionado diario, entiende que “no ajusta su presupuesto a los precios de mercado y supone que el adjudicatario recibiría una contraprestación inferior a los costes del servicio a desarrollar (...) lo que frustra la concurrencia a muchas empresas que conocen la imposibilidad de prestar el servicios objeto del contrato por tal contraprestación”. Esto, entre otras cosas, conduce a la idea al tribunal de que, en caso de concurrir menos empresas a concurso, “redunda en perjuicio de los usuarios”. La sentencia, pues, obliga al Consistorio a volver a licitar el mencionado servicio, ajustando sus precios a los que se considera “precios de mercado”. Este recurso, recordaba Ana Blasco, edil de Servicios Sociales, “ha sido interpuesto por una patronal que defiende los intereses de determinadas empresas. Actualmente, el servicio se viene prestando por la única concurrente a las plicas, una cooperativa de mujeres de Santa Pola. Y, el precio que se lleva pagando, es el estipulado hace cinco año, con el incremento porcentual anual correspondiente a la subida del IPC interanual”, explicaba la edil. Además, todos los servicios que se han venido prestando (ninguno de enfermería, todos de acompañamiento al mayor para la resolución de trámites administrativos y limpieza) “han sido auditados por los técnicos de Servicios Sociales y confirmado la satisfacción de la prestación por parte del usuario”.
De esta manera, y “en contra de lo que puede desprenderse del titular aparecido en El Mundo, Santa Pola no presta ni ha prestado ningún tipo de servicio low cost. Ni la adjudicataria de la contrata ha demandado un resarcimiento económico, ni se ha incumplido ningún precepto legal”. No queriendo entrar a valorar la sentencia, afirmó que acatarán su fallo, volverán a redactar los pliegos de condiciones y se abrirá concurso público, “al que podrán optar todas las empresas que estén interesadas”. Hasta entonces, Blasco confirmaba que se seguirá prestando el servicio “con total normalidad”.