C erca de un centenar de afectados por los deslindes de la Costa que está efectuando el Ministerio de Medio Ambiente en la zona de Playa Lisa se manifestaron la semana pasada frente al Ayuntamiento para expresar su desacuerdo con la actitud del Consistorio ante la amenaza de expropiación que se cierne sobre sus viviendas.
En ausencia del Alcalde, la teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Lola Gadea salió del Ayuntamiento a recibir a los manifestantes. Gadea expresó a los vecinos su rechazo al deslinde y les pidió poder manifestarse junto a ellos, “para que quiten la Ley de Costas”. Sin embargo los manifestantes se negaron a aceptar este apoyo hasta que la concejal de Urbanismo no estampara su firma en un documento en el que se garantice que el Ayuntamiento llevará a efecto las medidas solicitadas por los afectados. En concreto, la presidenta de la asociación de vecinos de la primera línea de Playa Lisa explicó que la exigencia de los vecinos consiste en que el Ayuntamiento abra un expediente sancionador a la empresa que realizó las calicatas para Costas, en las que el Ministerio de Elena Espinosa basa el expediente de deslinde.
“Sólo pedimos que nos permitan conservar nuestro techo para vivir; y esta prueba sería fundamental para nuestra defensa”, protestaron los afectados.
Según explicó la edil, La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha elaborado una moción general para su aprobación unánime en todos los municipios costeros de la Comunidad, en la que se solicita al Ministerio “que proceda a la adecuación de la Ley de Costas ante la enorme repercusión que supone para la Comunidad, especialmente en el ámbito turístico”. El edil Antonio García salió al quite de su compañera de grupo leyendo a los manifestantes el contenido de la moción. García argumentó la imposibilidad de luchar contra Costas “si no estamos unidos todos los municipios”. Una afirmación que el popular apostilló confesando que el retraso sufrido en el trámite de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Pola se debería al rechazo de la aplicación de esta ley, que manifestó el Consistorio en el año 2008. En esta fecha, los vecinos sí permitieron al Ayuntamiento unirse a su protesta, con motivo del procedimiento de apeo, frente a los ingenieros de Medio Ambiente.