Dos ex concejales del anterior equipo de gobierno de Santa Pola, Maria Dolores Tomás, concejal de Deportes e Ignacio Soler de Hacienda, comparecieron en el día de ayer en el Juzgado nº 4 de Elche debido a una denuncia que efectuó el Club de Atletismo de Santa Pola.
La investigación hacia Soler y Tomás viene de una querella interpuesta en julio por el Club deportivo, en la que denunciaban un supuesto delito de prevaricación administrativa. Se responsabilizó a los que eran cargos políticos en 2016 (año en el que sucedieron los hechos) de la decisión tomada en una Junta de Gobierno, presidida por Yolanda Seva, alcaldesa en aquel momento. Dicha decisión establecía que el Club de Atletismo estaba obligado a sufragar la mitad de las horas extra de los policías en la XXVII Mitja Marató Internacional “Villa de Santa Pola”.
En otoño, la sentencia dictada por la magistrada Raquel Carratalá daba la razón a la entidad deportiva, y se ordenó reintegrar los de 5.613,46 euros que constituyeron la tasa impuesta por el Ayuntamiento de la anterior legislatura, tasa que fue declarada NULA por el juzgado de lo contencioso, obligando al ayuntamiento mediante sentencia de fecha 15 de Noviembre del 2019 a la devolución íntegra del dinero pagado por la entidad deportiva, citando la sentencia de forma explícita “De modo que cuando se impuso a la recurrente el deber de ingresar 5.613,46 euros como cantidad equivalente al 50% del coste de los servicios extraordinarios de la Policía Local en el evento, se estaba incumpliendo toda la normativa legal…” El ejecutivo no ha recurrido, y ha acatado el fallo.
Ahora y mediante AUTO emitido por la jueza del juzgado de instrucción nº 4 de los de Elche en fecha 22 de junio del 2020, ésta entiende que pudieran ser los hechos constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y por ello, procede a la apertura de diligencias previas y a tomar declaración a ambos exconcejales en calidad de investigados.
Declaraciones de los investigados
En sus declaraciones, los dos ex regidores del anterior gobierno local han negado que el pago que realizó el Club tuviera el concepto de “tasa”, sino que fue fruto de un acuerdo entre ambas partes, y reafirmado en la Junta. Además, ambos argumentan que; de haber sido una tasa, el procedimiento habría sido distinto: estaría recogido en una ordenanza y pagado con antelación a la celebración del evento. Sin embargo, alegan que el Club estaba de acuerdo en costear los gastos de la seguridad al principio, y que el pago lo realizó cuando ya se había hecho la prueba (marzo de 2016).
Las versiones de Soler y Tomás aseguran que la propuesta de dividir los gastos entre el ejecutivo y la entidad deportiva fue realizada por la jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento, porque los agentes de la Policía Local harían horas extra para garantizar la seguridad de la prueba, y había que costearlas. Soler afirma que los costes eran mucho más altos al principio, y que después se fueron ajustando. Aunque sus declaraciones han sido muy parecidas, la ex concejal de Deportes ha precisado todavía más, y ha dicho que; si no hubiera existido ese acuerdo previo que niega el Club (avalado además por los técnicos), ni siquiera se podría haber solicitado el permiso para la celebración de la competición.
Ante las manifestaciones en prensa que se han realizado en relación con el proceso judicial, que afecta a Ignacio Soler (inactivo en política desde 2019) y a Loli Tomás (concejal de la oposición esta legislatura) y a la entidad, el Club de Atletismo ha realizado unas manifestaciones en las que afirma que “ha tenido que sufrir durante los últimos años un trato realmente injusto”, con consecuencias “gravísimas no solo para el Club, sino para todo el deporte local y eventos internacionales que no volverán a ser los mismos”. Alegan que defenderán sus intereses, su trabajo y su legado “por los cauces judiciales”, para intentar que la “verdad” y la “justicia” imperen.
Con respecto al procedimiento judicial abierto contra Soler y Tomás, la entidad profesa el “máximo respeto” tanto al proceso como a la presunción de inocencia, y esperan de igual manera “cualquier resolución que la Administración de Justicia tenga bien a resolver”.
Cambio de gobierno y desavenencias con el club
Con el cambio político producido tras las elecciones del año 2015 y con la entrada al gobierno municipal del quintopartito liderado por la exalcaldesa del PSOE Yolanda Seva (gracias a los dos concejal tránsfugas de Ciudadanos), se produjeron una serie de diferencias con la entidad deportiva, la cual finalmente decidió no seguir realizando las pruebas que conformaban su proyecto deportivo.
Paralizaron su actividad durante 2 años, en los que el anterior equipo de gobierno autorizó la realización de dichas pruebas a una empresa privada, hecho que motivó igualmente la denuncia penal por parte de la oposición y la investigación de la exalcaldesa y de la exconcejala de deportes. Sin embargo, todo ello quedó finalmente archivado por el juzgado de instrucción nº 5 de los de Elche.
Perjuicio al deporte
Toda esta situación, provocó un grave perjuicio al deporte santapolero; con la pérdida de pruebas deportivas tan emblemáticas como el 10K Internacional Villa de Santa Pola, el duatlón de montaña (considerado como uno de los mas importantes de España) y otras pruebas de carácter local. Pero sin ninguna duda, uno de las mayores pérdidas se produjo en su “buque insignia”, la “Mitja Marató Internacional Vila De Santa Pola”, que llegó a pasar de 8.000 corredores en la última edición organizada por el Club a los 3.500 en los que quedó la prueba tras solo 2 años de gestión privada. Con la llegada nuevamente del Club de Atletismo en 2019 y, en apenas un año, el Medio Maratón Internacional Villa de Santa Pola consiguió una participación de 5500 corredores inscritos y unas estratosféricas marcas de 59,09 minutos, considerada la mejor del año a nivel mundial.
