CASO DE LOS UNIFORMES
 

Lorenzo Bonmatí: “El Ayuntamiento nunca ha tenido interés en saber la verdad”

 
Viernes 4 de agosto de 2017 0 comentarios
 

Lorenzo Bonmatí, el abogado de tres de los policías locales que han sido suspendidos de empleo y sueldo tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento a la UDEF sobre supuestas irregularidades en la compra de uniformes y material para la Policía Local y Protección Civil de Santa Pola, convocaba a los medios para “salir al paso” a la vista de las “graves afirmaciones que se están haciendo”.
Hasta 500 folios de documentación han sido presentados en los juzgados donde acredita, para el letrado, “que todo lo que se está diciendo por los denunciantes y todo lo que se está diciendo en el informe de la UDEF es totalmente falso”. Para Bonmatí, averiguar la verdad hubiera sido “muy fácil”, únicamente había que acudir a la documentación que se tenía.
Se remitía el abogado al Reglamento de Uniformidad, aprobado por sesión plenaria del Ayuntamiento (25-9-2009 – BOP del 29-10-2009, páginas 34 y 36). Aquí se dice la uniformidad que se tiene que aportar a todos los agentes y miembros tanto de la grúa como de Protección Civil durante todo el año, tanto en verano como invierno. Lo que choca con el informe de la UDEF, donde se pone en duda “la necesidad de estas prendas que se iban a suministrar… pues está reglamentado”. Cualquier mención a esta necesidad es, en palabras de Bonmatí: “un canto al sol”.

Procedimientos previos
Se retrotrajo a un procedimiento previo, interpuesto por uno de sus defendidos a un edil del equipo de Gobierno, a este procedimiento se presentaron dos de los denunciantes, Paco Soler e Ignacio Soler, y se aportó una documentación en defensa de los mismos. Entre ellas, la denuncia del edil Ignacio Soler con fecha de 15 de marzo de 2016 y otra conjunta del 19 de diciembre.
En la primera de las denuncias se hace referencia al tema de la uniformidad, por lo que uno de sus representados era consciente del contenido de la denuncia y “el 22 de diciembre de 2016, se ponen a disposición de la UDEF” para aclarar lo que fuera oportuno. Indignado, Lorenzo Bonmatí afirmaba sin dudas que “el Ayuntamiento nunca ha tenido interés en saber la verdad”. La UDEF, por su parte, no da contestación alguna y, tanto su defendido como el jefe de policía presentan un escrito el 3 de enero de 2017 “donde se ponen –con acuse de recibo- a disposición de esta unidad”. Nuevamente, en mayo de 2017 se vuelve a presentar otro escrito a la UDEF.
Ante estas pruebas y el espíritu de colaboración de los agentes, se pregunta Bonmatí la necesidad de las detenciones, “porque nunca se han querido destruir pruebas y, si alguien tiene algo que ocultar, no se pone a disposición de la policía”. Entienden que la detención y todo el show mediático, “con traslado e información a la prensa para hacer la foto y la condena social”, son innecesarias y “sin sentido. El daño personal y profesional es irreparable, por mucho auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria” que medie.
Dentro del informe de la UDEF se contemplan 14 expedientes “en los que no se dispone del obligado documento administrativo de la efectiva recepción de la mercancía en dependencias de la policía o albarán de entrega. Lo que suma un total de 105.285,28 euros, gastados en uniformidad por el Consistorio sin que se encuentre suficientemente acreditado su efectiva entrega en los expedientes analizados”.

Albaranes y firmas
El que no haya un albarán, para Lorenzo Bonmatí, no es sinónimo de que no se haya entregado la uniformidad, “porque hay otros medios que lo acreditan”. De estos 14 expedientes, uno se refiere a Central de Compras (por una factura de algo más de 200 euros), cuatro a Protección Civil y los nueve restantes a la Policía Local. De esos nueve que dice la UDEF, “en tres de ellos sí tienen albarán, que consta en el expediente”. En cinco restantes, existen las firmas que realizan los agentes al recoger su ropa, “en las cuales viene detallada la uniformidad que se les entrega”. Quedaría, por tanto, uno de ellos, “referente a veinte impermeables, dirigidos a interinos. Aquí sí hay albarán de entrega y, además, coincide en el tiempo con unas lluvias en el año 2014”.
La Alcaldía, de hecho, también era conocedora de la entrega efectiva de la uniformidad de verano de 2015, “entregadas las hojas de entrega el 1 de marzo de 2016. De hecho, hay un requerimiento del 24 de febrero 2016 al intendente para que entregue las mencionadas hojas, tanto de 2015 como de 2016. El recibí está firmado por el secretario de la propia alcaldesa”. Se pregunta Bonmatí “por qué no está” entregada esta información en el juzgado.
Se ha pedido que “todos los agentes e interinos, toda la plantilla” para que acudan al juzgado a declarar y ratificar el hecho. Tampoco hay albarán de entrega de unas medallas que se impusieron en octubre en 2016, “pero hay fotografías que atestiguan cómo fueron servidas. A estos agentes, además de la documentación gráfica, se les llamará para que declaren”.

Entrega de todo
A modo de resumen, de esos nueve expedientes donde se pone en duda la entrega, “se ha producido en todos ellos”. De ahí la necesidad de una rueda de prensa, “pero ante afirmaciones tan graves que se están trasladando a la opinión pública, como que hay 105.000 euros de 2013 a 2015 sin entregar”, no les ha quedado otro remedio que adelantar la documentación presentada y que acredita la entrega.
Lo que más duele a sus defendidos es que el Ayuntamiento no haya usado los mecanismos administrativos a su alcance, como es la apertura de expediente informativo, con lo que se podría haber aclarado toda esta situación, ahorrándose así “la condena irreparable, fruto del show mediático”. “Se dice en prensa que han sido suspendidos de empleo y sueldo ante los graves delitos imputados. Errar es humano, persistir en el error es de necios. Veremos qué hace el Ayuntamiento, ya que se ha dado traslado de toda esta documentación, a la que podrían haber tenido perfecto acceso”.
Reiteró tanto el derecho a la presunción de inocencia (“que no tienen que demostrar”), pero que la documentación presentada hace que esté “más que acreditada”. “El Ayuntamiento, o la UDEF, podría haber preguntado a los agentes” antes de iniciar un tsunami, “hasta los sindicatos están presentando escritos donde se corrobora la entrega”. Se pone en duda la entrega de los años 2013 a 2015, “¿eso quiere decir que en 2014 iban con la ropa de 2012? Eso no se lo cree nadie”.

Filtraciones interesadas
Preguntado Lorenzo Bonmatí sobre si tenía conocimiento de dónde procedían las filtraciones de documentos e investigaciones que han aparecido en prensa, éste respondió con otra pregunta: “¿Quién puede tener interés en que se filtre información sesgada y falsa de lo que hay aquí? ¿Alguno de los investigados? Creo que no. El único que puede tenerlo es alguien del Ayuntamiento y desconocemos el motivo”.
Se refirió a las declaraciones que realizó la alcaldesa en el Pleno de este viernes, donde se lamentaba que la decisión de la suspensión de empleo y sueldo fue filtrada a la prensa antes de haber sido comunicada la misma a los agentes. “Uno es responsable por elegir o por no vigilar a las personas que tiene a su alrededor. No basta con lamentarlo. ¿A quién le contó la alcaldesa que esto se iba a hacer? No digo que fuera el funcionario que transcribió o el secretario, pero del círculo más inmediato ha tenido que partir. Si eso ha pasado, la responsable es ella”.
Sobre el famoso correo de “cariñín”, reiteró que la información filtrada no se corresponde con la realidad, “porque no va dirigido a ninguno de los investigados”, al tiempo que recordaba que sí existen mails que prueban la recepción de la uniformidad por parte de los agentes. Y, en lo concerniente a las “porras”, explica que “tras cubrir las necesidades básicas y resto de elementos necesarios, se incluyen, hasta los 15.000 euros, porras extensibles, porque el año anterior ya estaba presupuestado que se suministrase. Y se incluyen en este presupuesto”.
En el procedimiento “ni hay ni va a haber” prueba alguna que acredite apropiación indebida, “porque es una burrada de proporciones bíblicas, un auténtico disparate”.

Ver fantasmas
La UDEF discrepaba, además, con las fechas de los expedientes, “pero no han tenido en cuenta que se encabeza por la fecha de apertura. Por ejemplo, la del 21 de marzo de 2017, siendo aprobado en mayo el expediente y con la ropa entregada en julio. Y aquí estaban dirigiendo ‘los buenos’. ¡Madre mía qué lío! Está claro que, cuando uno quiere ver fantasmas, los ve, no hacen falta que estén”.
“Los denunciantes, muy alarmados, han denunciado hechos como este a la UDEF”, aclaraba el defensor, “pero si hubiesen tenido interés auténtico en conocer la verdad lo hubieran podido saber sin armar tanto jaleo”.
Incidía en que, durante los dos años que se investigan, “no existe ningún reparo por parte de Intervención a la hora del pago, ni tampoco de Secretaría, en la Junta de Gobierno local, que es quien aprueba. Nunca lo ha habido”. ¿Por qué se denuncia realizando las mismas personas las compras de material aún después de la entrada del nuevo equipo de Gobierno? Lorenzo Bonmatí lo desconoce, únicamente esclarecía que “los que están en oficina no son especialistas en derecho administrativo, ni tienen posibilidad de controlar qué empresas están vinculadas o quienes son los socios”.

¿Intereses políticos?
Desconocía si hay o no hay detrás de la denuncia a la UDEF “intereses políticos”, sólo que no se ha querido averiguar la verdad, “por lo que pido que se deje al juzgado que lo haga”, y que si tienen algún interés que comprueben los expedientes de la policía, “que no son malos, sino gente trabajadora, profesionales y honradas. Así están percibidas en el pueblo de Santa Pola. Persistir en un error es de necios y espero que, cuando lo identifiquen, puedan ser reincorporados, porque decir que ante las graves acusaciones (falsas) se ha tomado esta determinación, causa alarma social”.
Finalmente, sobre los cuatro expedientes referentes a Protección Civil, será aportada a principios de septiembre el resto de documentación, “dando explicaciones de dónde están y cómo se ha llevado todo. Porque todo está ahí, todo está reglamentado. Creo que lo que hay aquí es categórico. Como el cambio de grilletes, que sí que se oxidan, y se tienen que renovar. Uno se echa las manos a la cabeza y se pregunta ‘¿pero esto qué es?’”.

 
 

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