El largo calvario de la piscina cubierta de Santa Pola toca a su fin. La penúltima estación tendrá lugar hoy viernes, en el Pleno donde se resolverá y recuperará, definitivamente, el contrato con CSAD Santa Pola, empresa concesionaria del contrato. A raíz del acuerdo que se tome en el Pleno, a propuesta de la Concejalía de Hacienda, se enviará todo el contenido del expediente al Consell Jurídic Consultiu para “contar con todo el respaldo legal posible, tal y como hemos venido haciendo a lo largo del proceso, y tener la máxima garantía jurídica para el Ayuntamiento”.

Con esta medida, el proyecto regresa al fin a manos municipales, “es decir, vuelve el control tanto del suelo como de una obra que está ejecutada al 82%. Todo sin que el municipio haya tenido que aportar ni un solo euro del ciudadano”. Miguel Zaragoza, alcalde de Santa Pola, explicaba que “de haber tomado antes esta decisión, el Ayuntamiento debería haber hecho frente a una deuda reconocida de más de cinco millones de euros”.

Un proyecto de 2006

Echando la vista atrás, el proyecto de la piscina cubierta de Santa Pola tiene su germen en el año 2006, donde se adjudica en el mes de octubre a cuatro empresas: Altius Mediterráneo, Midascon SL, Altius Gestión de Instalaciones Deportivas y Colaboradores de la Administración Pública SL. “Estas cuatro compañías”, explica el edil de Hacienda, José Pedro Martínez, “englobaban no sólo la construcción de la infraestructura, también el mantenimiento, equipamiento y gestión de la misma.”.

Así, las cuatro mencionadas firmas se constituyen como una sola empresa, CSAD Santa Pola, para ejecutar la obra de la piscina cubierta, firmando el 21 de febrero de 2007 el contrato con el Consistorio local.

Preguntado Martínez sobre si todas estas empresas contaban y cumplían con los requeridos avales y garantías para ejecutar una obra pública, éste destaca que “todas ellas cumplían con los criterios de solvencia técnica y económico-financiera preceptivos y exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como consta en los informes técnicos”. Las mismas presentaron toda la documentación requerida, el proyecto, avales y garantías exigidos, “conformando no sólo un proyecto bueno, sino ampliamente positivo para la localidad”.

Primera paralización

Arrancan las obras con normalidad hasta que llega un momento, en el año 2008, cuando prácticamente están acabadas, que los técnicos municipales detectan una ralentización en la ejecución de las mismas. “Es a partir de entonces”, señala Zaragoza, “cuando comienzan las reuniones con el objetivo de esclarecer el porqué no se están cumpliendo los plazos requeridos en la ejecución de unidades”.

Aunque lenta y con retrasos, la obra no queda paralizada hasta que, a finales de 2008, Midascon, una de las firmas que componen CSAD, la empresa concesionaria, y la que se encarga específicamente de la construcción (es una constructora al uso) entra en concurso de acreedores en el juzgado de lo Mercantil de Valencia. “A raíz de esto, el parón es total, puesto que se pasa a depender íntegramente del funcionamiento de un juzgado”.

Indicaba Martínez que “en el caso de Midascon, hablamos de un macro-concurso de acreedores, puesto que es una empresa que arrastraba un gran volumen, con obras públicas como colegios, centros de salud u otras piscinas en varios municipios de la Comunidad Valenciana”. “Por desgracia”, añadía, “este tipo de concursos no se resuelven en un corto plazo de tiempo”.

Del 2008 al 2014

Prueba de esta amplia dilatación temporal es que todo el proceso del concurso de acreedores se inició a finales del año 2008 y ha terminado recientemente, a finales de 2014. En el mismo, Midascon, la constructora, tenía un derecho de cobro reconocido por el juez frente a CSAD Santa Pola, la empresa concesionaria de la piscina, “por lo que, de haber rescatado en esos momentos la obra, el Ayuntamiento habría tenido que hacerse cargo del crédito que le hubiera impuesto el juzgado de lo Mercantil, recayendo la obligación de pago sobre los santapoleros”, explicaba Martínez.

Obligación de 5 millones

Abunda más en la cuestión el edil de Hacienda, concretando que “si se hubiera resuelto el expediente en ese momento, habríamos subrogado la obligación y pagado más de cinco millones de euros por una obra inacabada”. Quería apuntar que “se prefirió actuar de este modo en un ejercicio de responsabilidad política, no sumiendo a las arcas públicas en un endeudamiento inaceptable”.

Sin embargo, el Ayuntamiento no se ha quedado parado durante todo este proceso. “Desde el primer momento, hemos estado negociando”, declaraba Zaragoza, quien añadía que “se intentó durante los años 2008 y 2009 que se retomasen las obras, pero fue completamente imposible, dado el inicio del concurso de acreedores y, por tanto, la suspensión de pagos generalizada: trabajadores, proveedores, bancos…”.

A lo largo del periodo 2009-2014 “hemos mantenido un contacto directo con los agentes concursales, que son los responsables del juzgado y las empresas incursas en el contrato público. No hemos podido realizar ninguna acción hasta que el Juzgado de lo Mercantil no finaliza todos los trámites y acciones para la conclusión del procedimiento abierto con Midascon. Es decir, septiembre de 2014”.

3.600.000 euros en sanciones

Paralelamente a estas acciones, se inició el Expediente de Imposición de Penalidades a la empresa concesionaria, CSAD Santa Pola “por incumplimiento muy grave del contrato y abandono de la obra”. Tal es así, que la cifra de penalidades que estiman los técnicos y que se exige a la empresa en este expediente asciende a más de 3.600.000 euros, “todo eso sin tener en cuenta los daños por el perjuicio económico y social grave producido a Santa Pola, por la que también se pedirá la correspondiente indemnización y responsabilidades”, apostilló el alcalde.

Como se ha dicho con anterioridad, es en septiembre de 2014, cuando se resuelve el concurso de acreedores a Midascon y, por tanto, el Ayuntamiento inicia el Expediente de Resolución de Contrato. El objetivo es recuperar la propiedad de la obra ejecutada para que pueda pasar a titularidad municipal. Toda vez conseguida, se iniciaría la licitación para su finalización, gestión y apertura al público. El penúltimo de los pasos será tomado este viernes, con el acuerdo de resolución de contrato por parte del Pleno Municipal.

Del mismo modo, se desestimarán íntegramente las alegaciones de Barcleys Bank y CSAD Santa Pola y se elevará al Consell Jurídic Consultiu para su dictamen, “garantizando así la seguridad jurídica del Ayuntamiento y de los ciudadanos”, afirmaba Martínez, ya que “el dictamen será favorable, al encontrarse el contrato en una evidente causa de resolución, tipificada así por la Ley de Contratos del Sector Público”.

Toda vez que se reciba la respuesta del Consell, aproximadamente en un plazo de veinte días, quedaría la ratificación por parte del Pleno y comenzar un nuevo proceso de licitación para la tramitación definitiva de la piscina cubierta y su posterior gestión.