COSTAS
 

Las casas en la arena de Playa Lisa podrían salvarse de futuros deslindes

 
Viernes 9 de noviembre de 2012 0 comentarios
 

El Consejo de Ministros del 5 de octubre de 2012 ha aprobado el Proyecto de reforma de la Ley de Costas (que modifica ligeramente el Borrador de Anteproyecto dado a conocer el pasado mes de julio) que va a presentar en las Cortes. Si tras su tramitación parlamentaria el texto se aprueba tal y como está redactado, las casas de primera línea situadas sobre la arena en Playa Lisa podrían excluirse de posibles futuros deslindes y sus propietarios no se verían amenazados pensando que sus casas podrían dejar de ser suyas y convertirse en una concesión del Estado. El abogado Juan José Solano, propietario de una de estas viviendas indica que “se podría presionar por parte del PP y del POSE locales, provinciales y autonómicos para que se incluyeran las viviendas en la Lista de Zonas Excluidas del Proyecto y gozar en plenitud de las viviendas y también se podría intentar, por el Ayuntamiento de Santa Pola, con el apoyo unánime de todos los grupos municipales, así como con el apoyo de las autoridades urbanísticas autonómicas correspondientes, incluir las viviendas dentro lo previsto en la Disposición transitoria segunda del Proyecto (Aplicación de la disposición transitoria tercera apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas).
Según la edil de Urbanismo, Lola Gadea, ella ya conoce este artículo y no sería necesaria presentar alegación alguna por parte del Ayuntamiento, ya que las viviendas de Playa Lisa estarían incluidas como “casco urbano previo” y por lo tanto quedarían automáticamente excluidas de la Ley de Costas si sus propietarios así lo demuestran.
Una interpretación distinta del Proyecto de Ley hace Solano, quien cree que el único cambio respecto a la anterior Ley, vigente desde 1988, es que, de producirse un deslinde, el plazo de concesión se ampliaría de los 30 a los 75 años.
Gadea indica que desde el Ayuntamiento están satisfechos con la modificación de la Ley de Costas. “Tengo que ser coherente y si mi opinión sobre esta ley era que tenía que mejorar en seguridad jurídica, afectación de suelo urbano por los antiguos deslindes, consideración de los suelos inundados artificiales como dominio público y adecuación de la ribera del mar, es cierto que se han visto atendidas todas las reclamaciones que planteé en mi intervención en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas en 2010. Por ello considero que la postura del Ayuntamiento de Santa Pola ha tenido una repercusión muy importante y hemos conseguido los objetivos propuestos”, señala la edil de Urbanismo.
Según explica la edil, por un lado se garantiza una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, y especialmente a los ciudadanos europeos, que “podrán invertir en el litoral de España con todas las garantías”. Por otro, se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, como es el caso de las Salinas de Santa Pola.
Puntualiza además la edil de urbanismo que “con la garantía de la constancia registral del proceso administrativo de deslinde, también se consigue que los ciudadanos, en general, y los adquirientes, en particular, dispongan de la información exacta sobre los terrenos que están en dominio público o que pueden pasar a formar parte de él”.

Entorno del puerto

La Ley excluye determinados terrenos de núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre, como es el caso del entorno del puerto de Santa Pola, ya que hasta ahora la zona del casco urbano desde el puerto hasta la calle San José se consideraba dominio público a pesar de tratarse de viviendas históricamente consolidadas, y ahora la titularidad pasa a ser de cada propietario.
También se reduce la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, algo que afecta a las casas de primera línea de Playa Lisa, que tienen su origen en suelo urbano. Además a sus titulares se les permitirá realizar obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie, eliminando el requisito de la autorización administrativa previa por el de la declaración responsable, algo que Gadea también defendió en Bruselas.

 

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