Dentro del apartado de Ruegos y Preguntas del pasado Pleno del mes de julio, se produjo un curioso momento. Curioso pero, por el desarrollo que llevó a lo largo de la tarde, es de prever que se convertirá en algo habitual. El instante, que se prolongó una hora larga, no fue otro que el planteamiento de una pregunta por parte de un concejal del equipo de Gobierno a la bancada de la oposición.
La cuestión, que partió del concejal de Hacienda, Ignacio Soler, iba dirigida a Miguel Zaragoza, como alcalde y firmante del convenio de Ciudad Jardín y alcalde, así como a Lola Gadea, Ana Blasco y José Pedro Martínez, tres ediles que pasaron por la concejalía de Urbanismo y Hacienda en la anterior etapa popular. Se circunscribía la pregunta al pago (o al no pago, mejor dicho) de las plusvalías del sector CJ-5, en Gran Alacant.
Estas plusvalías ascenderían a una suma de 3.460.121,04 euros, montante que no habría sido abonado a las arcas municipales y que han provocado, en palabras de Soler, “un quebranto económico al pueblo de Santa Pola”. Desconoce por qué, pese a los requerimientos de Intervención, no se ha instado a la empresa concesionaria del CJ-5 (Masa, en este caso) al pago de la mencionada cantidad.
Preguntó a los concejales salientes el motivo de su silencio e inacción o de su decisión política al no hacer efectivo el cobro, “a pesar del convenio, de los requerimientos de intervención. ¿Cuál es el motivo de su silencio ante dichos informes?”.
Por su parte, el ex concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, recalcó que, tras el cambio de la Ley autonómica, la empresa podría haber pedido la anulación del convenio, “por lo que, en este tema, había que actuar con cuidado y consenso, pendiente de buscar una solución amistosa”.
Soler adujo que la concesionaria del CJ-5 presentó un documento de pago voluntario (autoliquidación) de 1.137.373,65 euros, pago que no quiso aceptar el anterior gobierno. Es más, insistió en que “ustedes nunca han querido cobrar a la mercantil”. Por su parte, Martínez recordó la existencia de informes técnicos que no aceptaban ese pago por ser muy a la baja, reclamando más de 2,4 millones, “lo que supone una buena base negociadora. Dinero que se puede perder en su totalidad si nos vamos a contencioso administrativo”.
El edil de Hacienda habló de auténtico “quebranto económico” al pueblo de Santa Pola y al Ayuntamiento por lo que él consideraba una “negativa a cobrar”, máxime cuando alguien quiere pagar. Habló también del laxo contrato redactado y “felicitó” a Zaragoza por firmar un acuerdo de seis millones en sólo dos folios. A este respecto, el ex alcalde contestó que “no se trata de una cuestión de volumen”.
Cuando alguien quiere pagar, paga
La ex edil de Urbanismo, Lola Gadea, intervino en la pregunta lanzada por Ignacio Soler afirmando que “cuando alguien quiere pagar, paga”. Sin embargo, Miguel Zaragoza habría conseguido un pago inicial y la propuesta del compromiso de continuar con el ingreso de las plusvalía, “con un apretón de manos”, pese a que los asesores del concesionario aconsejaron que no pagase.
Apretón de manos
Tanto Yolanda Seva como Ignacio Soler criticaron duramente el “apretón de manos” que rodeó al acuerdo con la concesionaria. Seva resaltó que “creo que, con apretones de manos, no podemos resolver ningún expediente en el Ayuntamiento”. Soler, a su vez, e irónicamente, felicitó la puesta en escena de Zaragoza, porque “llama la atención la simplificación de la causa” en un convenio firmado desde el 85.
Al juzgado
Ignacio Soler adelantó que llevará toda esta situación al juzgado, “porque no voy a permitir que esto prescriba, que es lo que pretendían ustedes”. Añadió que todo esto podría tratarse de “un traje a medida a una constructora local”, añadiendo que hay “concejales que viven en esta zona”. Lora Cascales, del PP y residente en Gran Alacant, argumento que el “señor Soler tira la piedra y esconde la mano”, poniendo en duda su honorabilidad.
