Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acudieron el pasado 17 de agosto a una reunión con la Conselleria de Vivienda donde expusieron un programa de emergencia que garantice un hogar para toda la ciudadanía. La responsable del área, María José Salvador, destacó la necesidad de trabajar con los movimientos sociales para la elaboración de la Ley de la Función Social de la Vivienda que, según Salvador, “proporcionará un nuevo marco jurídico para reconocer la vivienda como un derecho subjetivo y hacer frente a la crisis de los desahucios.

Dignidad para las personas

El plan contempla que se realice un auditoría del funcionamiento de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y que se acaben los desahucios en aquellas viviendas que son propiedad de la Generalitat. Además, proponen que también se terminen todos los desalojos instados por procesos judiciales a causa del impago de la hipoteca, del alquiler o de la ocupación del inmueble, a solicitud de la banca, las inmobiliarias o los fondos buitre. En este sentido, exigen que se adopten una serie de medidas: la convocación de una reunión con el sector bancario para fomentar el alquiler frente a la dación en pago o la subasta de los hogares; el estudio de las situaciones particulares de las familias para garantizar un alquiler social con cuotas que no pongan en peligro las necesidades básicas de los afectados; y la atención y resolución de las ejecuciones inminentes.
Por otra parte, piden la cesión de pisos a particulares e instituciones en las condiciones que se consideren adecuadas y la creación por ley de un parque público de viviendas. Asimismo, abogan por la disposición de una Comisión de Participación integrada por los bancos, las instituciones y las PAHs.
De la misma forma, reivindican una ley valenciana de vivienda para la revisión de la situación de endeudamiento de las familias, para la liberación de las mismas en caso de que sea necesario, y la regulación del uso de inmuebles vacíos en manos del sistema financiero, la Sareb, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre.
Por último, instan a la administración a garantizar los suministros básicos (agua, luz y gas) mediante los organismos de servicios sociales u otros cauces.