Facpyme, la Federación Alicantina de Comerciantes y Pequeñas y Medianas Empresas, celebró la primera reunión de la institución desde que Antonio Sáez tomara la presidencia, en la sede de la OMIC de Santa Pola.
La edil de Comercio, Encarnación Mendiola, ofreció esta estancia “para facilitar la política de trabajo conjunto entre Facpyme y la Asociación de Comerciantes de Santa Pola y, por ende, con el Ayuntamiento, dado que de aquí saldrán propuestas y actuaciones interesantes”.
Pepa Garri, presidenta de la Asociación de Comerciantes, y vicepresidenta tercera de Facpyme, se mostró satisfecha “porque la Federación haya pensado en nosotros para mantener esta primera reunión desde el cambio de directiva”.
Antonio Sáez, presidente entrante de Facpyme, señaló que la línea de trabajo con el Consistorio la coordinará Garri, “dado que es una gran conocedora de la realidad comercial, hostelera y restauradora de la localidad”.

Por el pequeño comercio

En la reunión se perfiló el sistema y metodología de trabajo a seguir para conseguir la prioridad de Sáez: “Atender a los asociados para cubrir sus necesidades y proporcionarles los servicios de los que ellos no pueden encargarse. En definitiva, defender al pequeño comercio y a las pequeñas y medianas empresas”. Para ello ya se tienen sobre la mesa varios proyectos en conjunción con las diferentes Administraciones.

Contra la competencia desleal

El reto más destacado al que se enfrenta la Federación es la lucha contra la competencia desleal. La Federación se opone a la construcción del macrocentro comercial en Rabassa, que acompañará a IKEA. Para ello, ya se han reunido con los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante, asociaciones y medios de comunicación.
Sus argumentos son tajantes: “este centro creará una importante desestabilización comercial en la provincia debido a la migración de consumidores del pequeño comercio al macrocentro, incrementando así el paro dentro de las PYMEs”. De hecho, señala que en Francia “no quieren estos macrocentros y parece ser que en España tenemos que ser los Quijotes de Europa y admitir este tipo de centros que lo único que buscan es la especulación urbanística”.
La segunda principal razón que esgrime Sáez es precisamente la de la especulación urbanística y lo apoya con datos: “Por lo general, entre un 40 y un 45 por ciento de los establecimientos de los centros comerciales están cerrados, por lo tanto, no se trata de crear trabajo y dinamizar el comercio, sino que el negocio es puramente inmobiliario”.