Santa Pola y Arenales del Sol representan un importante obstáculo en las ruedas de la “excavadora de alta velocidad” con la que el Ministerio de Medio Ambiente pretende recuperar la estética y la calidad Medio Ambiental de las costas de la Comunidad Valenciana, de norte a sur y pese a quien pese, después de los desmanes de décadas de planificación urbanística regulada sin acato a los criterios actuales de sostenibilidad del diseño urbano. La ministra Espinosa ha reconocido hace pocos días que su ministerio pretende liquidar esta patata caliente antes de que concluya el año. Y para más pistas, la semana pasada, Narbona ha dejado entrever cuál puede ser el modus operandi, también para la Comunidad Valenciana: “el problema se va a estudiar caso por caso, metro por metro”, ha declarado la titular de la cartera de Medio Ambiente.
Estas declaraciones de Elena Espinosa, fueron realizadas la pasada semana, en respuesta a las protestas de 200 vecinos gallegos en Vigo, a los que costas pretende retirar la propiedad mediante la misma indemnización, a base de concesiones a 30 años renovables a otros 30, que plantea costas para playa lisa, en Santa Pola y la vecina pedanía de Arenales del Sol.
Su mensaje sintetiza el horizonte inmediato de conflictividad social que podrían llegar a plantear los deslindes en estas dos localidades del sur de Alicante. Pero, siempre en el caso de que el Ministerio emplee el mismo rasero en todos los casos y la cuestión se resuelva, entonces “metro a metro”.
Las cifras hablan de cerca de 1.680 propiedades afectadas, entre viviendas y negocios, entre los deslindes de Arenales del Sol y Santa Pola.
Los aproximadamente 800 propietarios afectados en el término municipal de Santa Pola, según datos ofrecidos en su día por representantes de los vecinos, se dividen entre dos grupos bien diferenciados. Explicado en cifras, el conjunto menor en número es el más perjudicado, mientras que el número mayoritario es el menos informado del cambio de estatus legal que supondrá el deslinde, ya que el ministerio les ha dejado al margen de todo el proceso, sin convocarles al denominado “procedimiento de apeo”, ni en abril del 2008, ni en fecha posterior, a pesar de ser una parte afectada por la modificación del denominado Dominio Público Marítimo Terrestre, (DMPT), en la costa de Santa Pola.
De hecho, en el mapa presentado a los propietarios de primera línea en esa fecha del año pasado, al que ha tenido acceso este periódico, puede apreciarse, cómo, al menos, 37 bloques de viviendas de la segunda línea aparecen marcados por los círculos grandes amarillos que marcan la denominada “zona de servidumbre de protección”. Sin embargo, hasta la fecha, nadie puede confirmar el número concreto de personas cuyas propiedades se verán afectadas, en caso de aprobarse definitivamente el deslinde, ya que Costas lleva este tipo de actuaciones con el mayor hermetismo posible, según denuncian los afectados por este conflicto con el derecho a la propiedad, que se está repitiendo de manera intermitente por todo el país, pero que en el caso de Santa Pola y Arenales, afectará a un número de personas mucho más alto que la media de la mayoría de los nuevos deslindes de Costas.
Esta es la situación que denuncia el abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley, José Ortega, quien tiene previsto reunirse a finales de este mes con los propietarios afectados de la primera línea del deslinde de Playa Lisa.
“Están levantando un muro para impedir la defensa de estos vecinos de Santa Pola, al negar el acceso a los expedientes, incluso a sus abogados”, ha denunciado Ortega. El presidente de la Plataforma Nacional de Afectados por la aplicación de esta ley envió el pasado jueves un escrito de protesta al Ministerio, tras negarle la dirección de Costas de Alicante el acceso a los documentos de las alegaciones presentadas por los vecinos afectados por el deslinde de Playa Lisa, que el letrado solicitó para poder ejercer la defensa de sus representados.
“La política que han empezado a adoptar ahora para que no les paremos más derribos, por defectos de forma o irregularidades , y después del varapalo de recibir la condena del Parlamento Europeo, es la de cerrarse en banda para que no podamos acceder a los expedientes. El letrado ha denunciado que este hermetismo sobre la tramitación del deslinde de Playa Lisa es una reacción “a las bravas” del Ministerio de Medio Ambiente, para que nada se interponga en los planes de dejar este asunto resuelto antes de que empiece la temporada de 2010 y vuelvan a reunirse los afectados de estas propiedades, destinadas en su mayoría a la segunda residencia, y que permanecen con escasa ocupación durante el invierno.
A quienes sí ha informado Costas de su intención de retirarles el derecho a la propiedad mediante dicho procedimiento de apeo en el 2008, es a los 80 vecinos de la primera línea de Playa Lisa que tienen prevista la citada reunión.
Sin embargo, el resto de propietarios sin cuantificar, de la segunda línea, al quedar desplazado hacia el interior el nuevo Dominio Marítimo Terrestre, también verán modificado el estatus legal de sus viviendas, al verse introducidas en la línea de la zona de Servidumbre. La Ley de Costas establece que la edificaciones que queden tocadas por uno de los puntos que limitan esta zona, señalada en la recreación con los puntos amarillos de mayor tamaño, pasarán a estar sujetos a la Dirección General de Costas. Los propietarios de estos inmuebles, no podrán realizar ninguna obra ni reforma sin permiso del organismo estatal, so pena de fuertes multas, y además éstas serán negadas por la institución, “siempre que la obra o reforma incremente el valor económico del inmueble, a efectos expropiatorios”.