La vida de todo santapolero, además de impresa en la memoria personal y familiar, permanece, en negro sobre blanco, en los archivos del Registro Civil de la villa. “¿Qué ocurrirá si ese Registro pasa a manos de notarios y registradores de la propiedad?”, se pregunta María José Gómez, jueza de paz de la localidad. “Este registro”, añadía, “es la vida de Santa Pola, de sus vecinos, por lo que es más que necesario que permanezca bajo custodia pública”.
Además, apuntaba, “si éste desaparece, sólo quedarían en el Juzgado de Paz los juicios de faltas y conciliaciones, próximos a extinguirse por la nueva Ley de Planta”. A este respecto, quería aclarar que, con la nueva Ley Penal, se quiere que las Faltas pasen a ser Ilícito Administrativo, “algo que llevaría a una clara situación de indefensión por parte del ciudadano, que vendría a ser denunciado sin posibilidad de tener un juicio previo”.
Sin coste alguno
Volviendo al Juzgado de Paz, en estos momentos, cinco funcionarios, incluyendo a la propia jueza, son los encargados de administrarlo. “Tramitamos”, explica Gómez, “además de exhortos penales, expedientes de nacionalidad, juicios de faltas y conciliaciones, nacimientos, defunciones y, cómo no, matrimonios. Todo ello sin coste alguno para el ciudadano. No hay tasa alguna, porque éste es un servicio que ya se paga con los impuestos de todos”.
Sin embargo, quiere indicar la titular del Juzgado de Paz de Santa Pola, que, en caso de que nacimientos, defunciones o matrimonios pasen a manos de titularidad privada (notarios y registradores), “habría que pagar, por cada certificado que se expide, que son muchos al cabo del día. La ciudadanía, si esta nueva ley sale adelante, deberá costear cada matrimonio, que son cuatro o cinco por semana o cada inicio de expediente de éstos, que vienen a ser dos o tres al día”.
Por otro lado, María José Gómez quiere insistir en el concepto de “independencia judicial”, “que se perdería al pasar a manos de notarios y registradores, los cuales se administran como una empresa, con personal contratado y con la vista puesta en el beneficio”. Destacaba que el personal funcionario garantiza que todos los expedientes son tratados con riguroso orden de entrada. Otros, teniendo en cuenta especiales circunstancias, pueden llegar a acelerarse, como cambios de nombre, apellidos o expedientes de nacionalidad e, incluso, “agrupamos actos (como libro de familia, nacimientos…), hecho que no ocurriría si no lo llevase una institución pública, porque significa ahorrar pasos y pagar, por tanto, menos tasas”.
Además, “el personal de un notario o registrador le debe el sueldo a éste. No hay cláusula de secreto, ni de igualdad en la gestión, ni de independencia”.
Tutela judicial efectiva
Dentro de ese concepto de “independencia judicial” se engloba también el de “tutela judicial efectiva”. “Una sentencia que sale del Juzgado de Paz es recurrible ante la Administración de Justicia”, recordaba Gómez, “lo que conlleva un proceso de garantía y equidad. Los actos refrendados por un notario o un registrador no son recurribles, en todo caso son nulos o anulables. La seguridad jurídica para el ciudadano sólo la dan los tribunales”.
No quiere olvidar la vertiente humana implícita dentro de todos y cada uno de los procesos, “porque humanizar la justicia es nuestro principal interés”, declaraba. “Aquí no estamos para cumplir unas meras normas del Registro, estamos para atender al ciudadano en procesos duros, como puede ser el de una defunción, y tenemos que aliviar la angustia que padece en todo lo posible. Ese es nuestro máximo interés. Aquí explicamos, atendemos, asesoramos, acercamos, en una palabra, la justicia al administrado”.
Cifras
A nivel de cifras, tanto el Juzgado de Paz como el Registro Civil de Santa Pola no están, ni mucho menos, mano sobre mano. A lo largo del año 2013, se tramitaron 245 nacimientos; 123 actas de defunción; 290 matrimonios; 569 actos y trámites dentro del Registro Civil; 60 expedientes de nacionalidad y 147 expedientes de matrimonio. En cuanto al Juzgado de Paz, a lo largo del año 2013 se resolvieron 2.702 asuntos penales (211 juicios de faltas y 2.491 exhortos penales); 3.214 asuntos civiles fueron también resueltos en el año 2013 (90 actos de conciliación, 1 juicio verbal y 3.123 exhortos civiles).
