Días después de que se hiciera pública la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Elche por la que se insta a revocar el decreto de Alcaldía que dotaba de delegaciones a los ediles Francisco Soler e Ignacio Soler, este último confirmaba al Periódico Santa Pola que ya se está preparando el recurso a la misma.
Ante su sensación sobre la sentencia, Ignacio Soler reitera lo que ya dejara entrever en el Pleno del pasado mes de marzo: “Sinceramente, me hacen un favor. Me quitan las concejalía de Hacienda y me quito los presupuestos… o Industria y Pesca… y me dedico a ir a los Plenos y a seguir haciendo la labor de concejal. No por tener más competencias cobro más”, declaraba rotundamente Soler, ante lo que aclaraba: “No he venido aquí ni por sueldo (que dona a una ONG local de forma íntegra -tampoco percibe dietas-), ni por prebendas, sino para luchar contra la corrupción y acabar con ella. Y para eso tengo mucha paciencia”, refiriéndose, entre otros asuntos, a la “imputación en la que actualmente está inmerso Miguel Zaragoza”. “Yo cumplo con mi obligación de denunciar, como cargo público, los actos que podemos considerar irregulares. A ver si ahora eso es malo o es sinónimo de tener inquina personal. La inquina personal, en todo caso, será suya”.

Tránsfuga tranquilo
Desde la dirección provincial de Ciudadanos, se pidió a los concejales Ignacio y Francisco Soler que se abstuvieran en la votación de investidura para dar el gobierno municipal al Partido Popular. A partir de ese momento, ambos concejales apoyaron el gobierno de Yolanda Seva, ante lo que Soler aclara su concepto de tránsfuga: “No me he ido con ningún otro partido, sólo no acaté la disciplina que intentaba imponerme Ciudadanos”.
En caso de que la justicia declarase la aplicación provisional de la sentencia y se retirase el decreto de delegación de competencias, Ignacio Soler se sentirá “tranquilo, porque hemos recuperado y sacado del cajón expedientes que podrían haber costado millones de euros a los vecinos de Santa Pola”.

A partir del 25
La tarde de ayer jueves comparecían los ediles del PP junto al abogado Juan Luís Díaz, del despacho Monllor y Díaz, para explicar que no será hasta el día 25 de abril (plazo en el que expira la ventana para el recurso al TSJ de los ediles Soler) cuando se presente ante el juez la petición de la ejecución provisional de la sentencia, “en caso de que haya recurso”. De no recurrir, solicitarán la aplicación inmediata de la sentencia al juez.
Los populares esgrimían el jueves el “pacto firmado ante notario” entre Ignacio y Paco Soler y el resto de grupos municiapales, “en el que quedó plasmado el reparto de las concejalías y resto de acuerdos para la legislatura”. Un pacto firmado días antes de la sesión de investidura. Este “Pacto de perdedores”, como lo califican, fue firmado ante notario, “y se llevó a cabo con el consentimiento de Yolanda Seva, que fue la mayor beneficiada después de su debacle electoral, y también del resto de acompañantes que firmaron ese acuerdo ante notario, saltándose el pacto antitransfuguismo, que hoy ya es Ley”.
Por esta y otras cuestiones consideran que Seva “está deslegitimada para seguir ostentando la Alcaldía”. Aseguran que la primera edil consiente “la actitud de odio personal de los señores Soler, que queda patente en su retórica continua de los dos tránsfugas, carentes de escrúpulos, basando sus ataques en la mentira y la tergiversación, en la falta de respeto, en el insulto y en la difamación”, recalcan.
“Calumnia, que algo queda”, así define el PP lo que consideran “la repetición constante de una mentira para conseguir que muchos la consideren una verdad. Es la propaganda inmoral la que inspira esta actitud, pero el resto de los partidos políticos del equipo de Gobierno consienten calladamente, les une mantener el sillón del poder y obtener rédito político”.
Esgrimen que es “absolutamente indecente” la forma “de justificarse constantemente ante nuestro pueblo del engaño y la manipulación que realizaron y que ahora un Tribunal de justicia pone en evidencia”. De pedir la aplicación provisional de la sentencia, la misma “vendría en semanas, tal vez un mes”, a partir de la solicitud.