El gobierno valenciano pretende impulsar medidas para revitalizar la salud democrática de la comunidad. Según el ejecutivo de Santa Pola, con el apoyo de la oposición, las propuestas van encaminadas a “satisfacer las demandas de los ciudadanos en cuanto a nuevos modelos de participación política y a la ejemplaridad y la austeridad en el ejercicio de los cargos públicos”.
La reducción de diputados aspira a “hacer más con menos”, es decir, pasar de 99 a 79 representantes en la cámara sin que ello suponga un retroceso para la pluralidad y efectividad. Se estima que la medida suponga un ahorro de 1.387.440 euros anuales.
Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha comentado la posibilidad de reformar la ley electoral “para ofrecer a la sociedad mayor compromiso, conexión y cercanía con los políticos”. De esta manera, se proyecta que, al menos un tercio de los representantes, sean elegidos por sufragio directo mediante circunscripciones uninominales, que estarán enmarcadas dentro de un ámbito demográfico, geográfico y cultural para que los valencianos puedan delegar en alguien escogido directamente. Además, Fabra sostiene que, de esta forma, “el diputado deberá dar cuentas de su gestión a sus electores, con quienes mantendrá un contacto permanente”.
De la misma manera, el ejecutivo autonómico se compromete a poner en marcha la supresión del aforamiento en las cámaras autonómicas que “deriva en un privilegio innecesario que puede dificultar la labor de la Justicia”.
Por último, cabe destacar las conclusiones acerca de la participación ciudadana, permitiendo a los votantes presentar sus propias iniciativas para que los grupos políticos las recojan y debatan con la inclusión directa de la población en el proceso. Asimismo, se plantea un nuevo Proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular que exija un número menor de firmas para el uso efectivo de la ILP, es decir, unas 25.000, frente a las 50.000 anteriores.