En lo que va de año, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, ya ha paralizado dos desahucios. En el primero de ellos, se trata de una paralización completa, en cuanto al segundo, una dación en pago con un alquiler social, “puesto que se trata de una madre soltera, sin empleo y con una niña pequeña”, indica Toñi Montiel, técnico de la OMIC. Además, señaló que había otro caso en proceso, al que hay que sumar la dación en pago conseguida en 2013.

El nivel de efectividad de los casos atendidos puede decirse que es de un cien por cien. “Tres casos que han acudido a nosotros, tres soluciones que se han dado en tiempo récord”, destacaba Montiel, quien añadía que “el problema es que los afectados son desconocedores de los muchos servicios que damos desde la OMIC”.

El primer paso a dar para solucionar todo aquello que tenga que ver con la hipoteca, condiciones, pago o, inclusive, conseguir una dación en pago o alquiler social es concertar una cita en la OMIC (966 693 684 - santapola.omic@cv.gva.es). El segundo, acudir con toda la documentación y, en tercer lugar, toda vez el estudio pormenorizado del caso, organizar una reunión con el director de la entidad o bien, mandar la reclamación oportuna a los servicios de atención al cliente de las entidades bancarias.

Carácter mediador

“Los directores de las entidades nos reciben bien”, aclaraba la técnico, “ya que actuamos como carácter mediador y con la Ley en la mano. Nuestro objetivo es llegar a acuerdos y analizar la situación para conseguir una resolución positiva del problema. A los bancos no les interesa ampliar su stock de viviendas, por lo que la negociación suele ser exitosa”. Esta mediación se traduce con rapidez pues, en poco más de una semana, “se presentan los documentos, trasladan a instancias superiores del banco y se negocia, por ejemplo, un alquiler social”.

Preguntada sobre qué diferencia a la OMIC de las plataformas ciudadanas, como la PAH, entre otras, aseguraba que “ellos son una agrupación de afectados y nosotros somos un organismo oficial, por lo que se respeta más. Por otro lado, las entidades no quieren todo el revuelo de pegatinas, sentadas, megáfonos... Lo más seguro es que PAH y OMIC hayan dicho lo mismo, pero el banco no lo ha percibido de la misma manera”.

Toñi Montiel explica que siempre hay que leer la letra pequeña, “porque conseguir un alquiler social es, incluso, más rentable para el banco, que no tiene que mantener una casa, gastos de comunidad de vecinos, etcétera. Todo ello sin contar los posibles destrozos y la depreciación de un inmueble cerrado”. Apuntaba, además, que nadie quiere perder su casa, que todo el mundo hace lo imposible por mantenerla, “el problema es cuando existen unos avalistas que, o bien pueden quedarse con la hipoteca, o responden con su propia vivienda, o son jubilados con pensión… en su momento, firmaron un documento que los pone a la altura de copropietarios”.

Actuación abusiva

Y es que los bancos han actuado, en algunos casos, de forma claramente abusiva. En primer lugar, entregando dinero con alegría, hasta 180.000 euros por pisos de 40 metros cuadrados. Eso sí, con “cláusulas suelo”, es decir, independientemente de que el Euribor suba o baje, se mantienen a un interés mínimo del 2,50. “¿Qué implica esto?”, explicaba la técnico de la OMIC, “pues que tu hipoteca, en caso de no reclamar el cumplimiento del código de buenas prácticas, costará hasta cien euros más al mes”.

La OMIC permite al ciudadano renegociar un contrato hipotecario que, en muchas ocasiones, “se ha firmado sin una oferta vinculante, es decir, que no se ha explicado a sus tomadores cuáles eran sus derechos y obligaciones. Entre otras cosas, hay gente que está pagando seguros de vida, de piso, teniendo la nómina en el mismo banco que la hipoteca… Todos estos gastos superfluos se pueden eliminar, puesto que la Ley lo único que obliga es a tener un seguro de incendios a favor de la entidad otorgante del crédito”. A no ser, puntualizaba, que aparezca este hecho como obligatorio en la misma escritura.

“La mala praxis puede reclamarse”, insistía, “y se consigue. Cada día viene más gente a la oficina con su hipoteca para ver si se puede bajar algo. Si es así, nos ponemos en contacto con el servicio de atención al cliente o, incluso, el Banco de España”, a quien corresponda para poder defender eficazmente al ciudadano.