El Partido Popular de Santa Pola ha presentado esta misma semana un recurso contra el decreto de Alcaldía en el que se otorgaban competencias y delegaciones por parte de la alcaldesa Yolanda Seva a, “como su anterior partido lo certifica, los tránsfugas Ignacio Soler y Paco Soler”.
“Entendemos desde nuestro grupo municipal que la alcaldesa socialista ha incurrido en un incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que, al ser considerados estos señores como concejales no adscritos, además tránsfugas, no pueden tener ni más ni menos derechos económicos y políticos que los que tendrían estando en su grupo de origen”, declaran al medio.
Es decir, según la interpretación de Ley que realiza el PP, ambos ediles no podrían ostentar delegación alguna (Hacienda, Pesca, Infraestructuras o Limpieza Viaria, entre otras), “además de que la limitación de sus derechos económicos impediría, entre otras cosas, la dedicación exclusiva que ostenta Paco Soler”.

Devolver lo cobrado
Los populares consideran que este último deberá devolver a las arcas públicas “lo cobrado indebidamente, en el caso de que así lo estime el órgano pertinente, bien sea el propio Ayuntamiento o el tribunal competente”.
Como prueba a que “estos mismos concejales se autoexcluyeron del grupo Ciudadanos, en un primer momento registraron la constitución del grupo mixto, que actualmente no existe, por lo que se desprende que querían pasarse al grupo de no adscritos”, afirma el PP. Abundan en el hecho de que uno de ellos firmó un artículo en un conocido medio provincial como “concejal no adscrito”. “Todas estas pruebas manifiestan pública y notoriamente su voluntad de no pertenecer al grupo Ciudadanos desde un primer momento”, recalcan.
Esta petición del Partido Popular se entronca con la realizada por Ciudadanos en su escrito remitido al Ayuntamiento el pasado 30 de junio en el cual se daba cuenta de la definitiva expulsión de los concejales anteriormente nombrados y se pedía que “conforme a la normativa vigente, sean considerados tránsfugas, con la consiguiente pérdida de derechos políticos y económicos”.

Cumplir lo firmado
Desde el principal partido de la oposición exigen a la alcaldesa “el cumplimiento del Pacto Antitransfugismo que firmó el Partido Socialista, su partido, con el PP”. Añaden que, de aplicarse el pacto al que se comprometieron por firma, “ambos concejales deberían ser expulsados del Equipo de Gobierno. Y no es nuestra opinión, simplemente pedimos la aplicación de un acuerdo al que el PSOE se sometió voluntariamente… no sólo cuando a ellos les beneficiara”.