El Pleno del pasado viernes aprobó por doce votos a favor (equipo de Gobierno más Ciudadanos), seis en contra (PP) y dos abstenciones (Lola Gadea y José Pedro Martínez) una moción en la que se instaba a cualquier concejal o concejala del Ayuntamiento de Santa Pola que estuviera siendo investigado (anteriormente imputado) por presunta prevaricación (en cualquiera de sus modalidades delictivas y cualquier otro delito tipificado como grave) a que deje su acta o a que el partido político al que pertenezca lo aparte.
Del mismo modo, la moción insta a que, si existe algún diputado/a en la Diputación que cumpla lo anteriormente expuesto, a que deje el acta o que el partido político al que pertenece lo aparte. En cuanto a la institución provincial, también la instan a que estos diputados y diputadas vean cómo sus atribuciones les son retiradas.
Esta moción, presentada por los grupos del PSOE, Sí se Puede, Compromís, Esquerra Unida y los concejales no adscritos, abunda en su exposición de motivos en el caso de la condena solidaria al Ayuntamiento de Santa Pola, junto con el de Elche, por los ruidos provocados por dos establecimientos de ocio.

60.000 euros
La denuncia fue interpuesta ante el Juzgado Número Uno de Elche, estimando parcialmente la demanda y condenando al pago de 60.000 euros a los vecinos de la Urbanización Carabassí. En la exposición se agrega que “aún quedan litigios pendientes de resolución. Por lo tanto, las cantidades a pagar por parte del Ayuntamiento pueden ascender a más de 60.000 euros”.
Se hace eco el texto de las declaraciones de Loreto Cascales, diputada nacional del PP, respecto a la corrupción política, en referencia a Rita Barberá, en la que aseguraba que “debe dar explicaciones. Si es investigada, dejar el acta inmediatamente”.
Ignacio Soler tomó la palabra para iniciar un extenso debate, que arrancó con la aclaración de que “no quiero juzgar a nadie”, pero sí pidió al PP que “fueran consecuentes con las líneas de su partido”, con su proceso de regeneración. También señaló que la corrupción, como tal, no existe en el Código Penal, “sólo es algo que podemos cometer nosotros, funcionarios y cargos políticos”. Citó a Kennedy y a las matemáticas: “cuando algo no está completamente bien, está mal”, con el interés de que se aparte la sombra de la duda que pesa sobre el Ayuntamiento.
Obviamente, el texto de la moción quería hacer una clara referencia a Miguel Zaragoza, hacia quien Soler realizó una serie de “sencillas preguntas… de sí o no”, tales como si concurrió a las elecciones de mayo en calidad de imputado, “saltándose las líneas rojas” de Fabra. También directa y taxativa fue la siguiente: “¿Sigue estando en estos momentos imputado o investigado?”, por lo que pidió que aclarase con un sí o un no esta cuestión a la ciudadanía.
Por su parte, Miguel Zaragoza, contestó que tiene una denuncia por parte de una comunidad vecinos de Gran Alacant, “porque ellos entienden que no se ha hecho todo lo que se debía para evitar el ruido y pudiesen descansar”. El ex alcalde añadió que “tanto el Ayuntamiento como yo pensamos que sí hicimos todo lo que pudimos hacer”. Reconocía que había una sentencia contra el Ayuntamiento, “que no era lo que pedían los vecinos, ni el Consell Jurídic Consultiu”, porque el Consistorio “no estaba de acuerdo” con la demanda. La condena, explicó, “es solidara contra Elche y Santa Pola, para satisfacer las pretensiones, parcialmente, de los afectados”.

Sin coste alguno
También resaltó que el Ayuntamiento de Santa Pola ha cobrado por parte de la compañía de seguros los 60.000 euros de la setencia, “porque está incluido dentro de la póliza suscrita (seguro de responsabilidad civil). Con lo que al Ayuntamiento no le ha costado nada.
Reconoció Zaragoza que estaba denunciado “porque, supuestamente, no he hecho todo lo que debería hacer para evitar que el ruido migrara e impidiera el descanso de esas personas que han colocado esta denuncia”. Posteriormente, preguntado por el Periódico Santa Pola, explicó que “en dos ocasiones, y a petición de la Fiscalía, se solicitó al juez el archivo de la causa, por no haber motivos para continuar con la denuncia. Están todas archivadas”. A día de hoy, Miguel Zaragoza, afirma sobre la denuncia, que la declaración está realizada “y se ha solicitado, de nuevo, el archivo de la causa”.

Blancanieves
Previamente, Eva Mora, edil de Ciudadanos, quiso exponer, a través del análisis legal del cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos, “cómo todos acabaríamos (siendo distintos personajes del cuento), de un modo u otro, imputados, pese a haber cometido buenas acciones. La única que se libraría de entrar a juicio sería la malvada madrastra, pese a ser la única mala de la historia”. Una clara referencia a que las cosas, pese a los epítetos que se quieran poner, no son lo que parecen.
(FE DE ERRATAS: En la edición impresa hay un error. Obviamente, no se trata del cuento de Caperucita Roja, sino el de Blancanieves y los Siete Enanitos. Sin duda alguna, una confusión de la redacción carente de mala intención. Lamentamos las molestias causadas).