A tenor de la noticia publicada la semana pasada sobre el cierre administrativo del Hotel Stella Maris, este medio de comunicación ha tenido acceso a los que son, actualmente, los propietarios del hotel. Este grupo de reconocidos profesionales, con una larga trayectoria a nivel local en la gestión de establecimientos de hostelería, quisieron indicar que “en todo este asunto hay tres grandes perjudicados: en primer lugar, la gente que ha contratado sus reservas; en segundo, los trabajadores del hotel, por la situación de incertidumbre en la que se encuentran; y, en tercero, los proveedores, que muchos de ellos llevan una gran carga de deudas proveniente de los antiguos”.
El cronograma de los actuales dueños del hotel comienza el pasado 3 de abril de 2014, cuando lo adquieren en subasta pública, a través del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Elche. “Desde entonces hemos intentado saber cómo estaba la situación del mismo y nos hemos encontrado con que los anteriores explotadores, que son un entramado de empresas, han ido dejando deudas en, por ejemplo, Aquagest, de más de 40.000 euros; en luz más de 80.000 euros. El IBI no se ha pagado nunca, se deben más de 80.000 euros”.

Contrato de arrendamiento

Desde la subasta, la principal preocupación de los actuales dueños del edificio ha sido regularizar la situación a nivel administrativo y ponerlo en marcha de cara a la temporada estival. Sin embargo, la sorpresa de éstos aumenta, más aún si cabe, cuando averiguan que la cadena Vita Hotelieri tiene un contrato de arrendamiento que pesa sobre la propiedad que el juzgado les ha adjudicado.
“El problema es que los anteriores explotadores, con posterioridad a la subasta, realizan un contrato de arrendamiento con Vita sin informales que el hotel había sido subastado”. Técnicamente hablando, se amparan en un contrato de 1999 a favor de MC Tourist Control, que sería el que se subarrienda y que, en estos momentos, “el juzgado tiene que resolver si es legal o ilegal el subarriendo del mismo”. Desde el día de la subasta, hasta el día en el que la persona que ha adquirido el bien subastado se lo queda, existe una especie de limbo en el cual, “legalmente, como no se puede entrar, las personas que tenían llaves y contrato eran los antiguos explotadores, los cuales llegan a un acuerdo con Vita Hotelieri”.
Por su parte, Vita, que no ha sido informada de la subasta, oferta las plazas hoteleras con normalidad y, con posterioridad, se aperciben de que las instalaciones que ellos están promocionando no tienen la situación administrativa y legal regularizada. “Lo que convierte al grupo Vita Hotelieri en otro más de la lista de damnificados”, argumentan los dueños del hotel.
Desde el punto de vista de los propietarios “es el juzgado quien ha de resolver si el contrato es legal o ilegal. Esperemos que dentro de pocos días”.

Varias empresas

Los representantes legales de los propietarios aclaran que, a día de hoy, una tercera empresa ha contratado los suministros de agua y luz, otra empresa totalmente diferente ha contratado a los trabajadores, “con lo que ellos están prestando servicios a una compañía de reciente constitución que no tiene nada que ver con los que están pagando los suministros ni con la empresa que tiene la licencia de actividad”. Al final, son éstos los que pueden llegar a sufrir los diferentes perjuicios.
Como propietarios, argumentan, “no tenemos ninguna responsabilidad porque, ni tan siquiera, hemos podido traspasar las puertas del hotel”.

Mala imagen

Preguntados tanto los dueños como sus representantes legales sobre cómo se ha podido llegar a esta situación, aseguran que “cada año se ha abierto bajo el nombre de una sociedad diferente, utilizando una supuesta petición de licencia y aprovechando la temporada estival”.
Este aprovechamiento ha creado una “muy mala imagen del hotel y una muy mala imagen de Santa Pola”. Según aseveran, “hay personas que han abandonado la habitación a las dos de la mañana por la situación de insalubridad”.

Actuación municipal

Desde la perspectiva de los actuales dueños del Stella Maris, el Ayuntamiento ha actuado de forma correcta a la hora de precintar el establecimiento. “Entendemos que el Ayuntamiento actúa en beneficio de la seguridad del usuario y del turismo de Santa Pola. Lo que no puede ser es abrir un establecimiento sin haber dado respuesta a los numerosos requerimientos que se les ha ido realizando. Lo correcto hubiera sido subsanar las deficiencias y dar un servicio con garantías de seguridad y calidad”.

Perspectivas de futuro

La intención del grupo de propietarios es no sólo resolver la cuestión administrativa que pesa sobre el hotel, también “apostar por la puesta en marcha de un establecimiento que tiene un total de 153 habitaciones. Apostar por un servicio y un establecimiento de la máxima calidad e intentar mantener y crear puestos de trabajo en Santa Pola.