El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Pola mantiene abiertos unos 800 expedientes por infracciones urbanísticas en las edificaciones de nuestra localidad, según los datos facilitados por la concejala de Urbanismo, Lola Gadea.
Gadea pide a los ciudadanos que se conciencien de que deben pedir una licencia urbanística para acometer cualquier tipo de reforma en su vivienda, aunque sea de carácter menor. “Muchas veces me encuentro con que, por ejemplo, para hacer un cerramiento en un balcón con aluminio los ciudadanos piden permiso a su comunidad de propietarios y piensan que es el trámite correcto, cuando en realidad a donde se tienen que dirigir es al Ayuntamiento”, comenta Gadea. La edil lo explica claramente: “aunque sea para cambiar una ventana, hay que pedir una licencia urbanística”. Si no, los problemas pueden venir después, porque los ciudadanos se pueden convertir, muchas veces sin saberlo, en infractores de la legalidad urbanística.
Cuando el departamento de Urbanismo recibe la solicitud de licencia de obras la concede o no ateniéndose a la legalidad. Es una forma de garantizar los derechos de todos, ya que una obra que a nosotros nos puede venir bien puede, por ejemplo, perjudicar a nuestro vecino. Además, hay que tener en cuenta que la edificabilidad de una vivienda está determinada en el planeamiento urbanístico del municipio. Los técnicos la deciden en función de las infraestructuras que se han planificado, y no son fruto de la casualidad.
La concejala de Urbanismo, Lola Gadea, señala que “las infraestructuras están dimensionadas en función del número de habitantes que puede tener un municipio y si nosotros, por ejemplo, hacemos una habitación más en nuestra casa, modificamos eso y si todo el mundo hiciese lo mismo llegaría un momento en que las infraestructuras que hay serían insuficientes para todos”.
Por los plenos ordinarios que se celebran a final de mes suelen pasar varias decenas de expedientes para comunicar a los propietarios de los inmuebles su obligación de demolición de las obras que se han hecho ilegalmente. Si no lo hacen, el Ayuntamiento comunica que lo hará subsidiariamente. Es decir, el Ayuntamiento costeará la demolición y después pasará la factura al propietario. El problema con el que se encuentra ahora el Consistorio es que, debido a la falta de liquidez, no puede hacerse cargo de estas demoliciones, así que algunos de los expedientes caducan sin que la demolición se haya hecho efectiva. Con todo, la obra sigue siendo ilegal y según explica la edil de Urbanismo, “las obras ilegales que no han sido demolidas quedan fuera de ordenación de urbanismo, nunca podrán ser inscritas en una escritura ni reconocidas y no generarán ningún derecho del propietario a la hora, por ejemplo, de vender su vivienda”.
El proceso administrativo desde que se abre el expediente hasta que se resuelve se ha acelerado en los últimos tiempos. No obstante, como hay que dar un tiempo a los propietarios para que presenten sus alegaciones entre las distintas notificaciones suele prolongarse entre 6 y 8 meses.