Según habían podido saber algunos de los afectados por el deslinde de Costas en Gran Playa y Playa Lisa desde el Ministerio de Medio Ambiente estaba previsto dictaminar una resolución por la que les quitarían la propiedad de sus viviendas o negocios, sin indemnización alguna, a cambio de una concesión a 30 años (es decir, podrían seguir disfrutando de estos bienes, pero no venderlos ni hipotecarlos ni dejárselos en herencia a sus hijos, por ejemplo). El expediente del deslinde se inició en 2008 y ahora Costas, según ha comunicado al Ayuntamiento, debido a la acumulación de trabajo, ha decidido que el plazo de resolución se amplía en 24 meses más.
“Se trata de un puro trámite administrativo, ya que la Ley dice que si en dos años no hay resolución, el expediente caducaría y tendrían que empezar de nuevo, pero esta prórroga nos viene bien ya que en estos dos años pueden pasar muchas cosas”, indica uno de los integrantes de la plataforma de afectados, Juan José Solano. Así, Bruselas podría presionar al Gobierno español para cambiar su modo de actuar respecto a esta retroactiva Ley de Costas (entró en vigor en el año 1988 cuando los edificios ya estaban construidos) y, por otro lado, podría haber un nuevo Gobierno que derogase la Ley.
“Espero que esta decisión de Costas pueda abrir a los propietarios de las fincas afectadas por el deslinde y al Ayuntamiento de Santa Pola nuevas expectativas de encontrar una solución más justa, y me reitero en mi intervención ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas el pasado 23 de marzo defendiendo la indefensión de los propietarios ante este deslinde y la inseguridad jurídica generada”, indica la edil de Urbanismo, Lola Gadea.