El pasado 23 de mayo, el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, del Partido Popular, fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusado de blanqueo y delito fiscal. La justicia lo investiga por repatriar 10.5 millones de euros que supuestamente cobró en sobornos durante su etapa como presidente de la Generalitat (1995-2002) y que ocultó en Panamá mediante empresas gestionadas desde Uruguay.
Este grupo político comenta que la investigación considera acreditado que Zaplana recibió comisiones por la adjudicación de contratos del Plan Eólico Valenciano y por las concesiones de las ITV en el País Valenciano, y que había empezado a reintroducir el dinero en España. La policía estima que durante su carrera como cargo público obtuvo de forma ilegal, en total, “decenas de millones” de euros, parte de los cuales continúan ocultos en el extranjero mediante una compleja red de despachos de abogados y testaferros.
Para Compromís, se trata de delitos muy graves que demostrarían que Eduardo Zaplana y el Partido Popular accedieron al poder en 1995 con la intención de utilizar las instituciones valencianas para su enriquecimiento personal. Mientras espera la sentencia, la sociedad valenciana y santapolera necesita pasar página, y una forma de hacerlo es borrar del espacio público todas las distinciones, símbolos o placas honoríficas que recuerden esta época oscura de nuestra historia reciente que queremos dejar atrás, como por ejemplo las dos placas conmemorativas de la inauguración del Centro Cívico y Social, o la situada en el Pabellón “Els Xiprerets”.