En diciembre, Compromís presentó una moción de rechazo a la nueva ley de seguridad ciudadana que actualmente está tramitándose. Advierten que, a pesar de que aún no estuviera aprobada, “ya se estaban viendo síntomas de endurecimiento de la represión en la calle, de las libertades de manifestación y de expresión, y pusimos como ejemplo el caso del dirigente sindicalista Vicent Mauri, que ha sido procesado y juzgado por interesarse ante la policía por unos compañeros detenidos y, posteriormente, muy recientemente, absuelto por la justicia”.
La “crisis”, ocasionada principalmente para los componentes de Coalició Compromís por la “especulación y la mala gestión de ejecutivos bancarios con salarios de cientos de miles de euros por año”, afecta gravemente a la banca, cuya deuda privada ha tenido que ser “rescatada” por la administración del estado y ha afectado a las otras administraciones.
Esa deuda, ahora pública, es utilizada, según declara Compromís a este medio, como “justificación para recortar derechos sociales y laborales; a la sanidad, a la educación, a los dependientes, a los menores con problemas, a los más desfavorecidos...”.
Estos recortes son para este grupo la causa del descontento de la ciudadanía y de que las manifestaciones públicas en la calle proliferen. “Son ejemplos ilustrativos las que está llevando a cabo en Santa Pola la Plataforma de Afectados y afectadas por las Hipotecas, PAH; o, en la provincia de Alicante, los afectados por los recortes en las ayudas en virtud de la Ley de Dependencia; las de los trabajadores despedidos de RTVV; o las que en general mantienen en todo el Estado los colectivos de trabajadores de la sanidad o la enseñanza”.
Según Compromís, la nueva ley introduce “medidas restrictivas del ejercicio de la protesta o manifestación, endurece las penas, reduce las garantías judiciales de defensa y demuestra que su única finalidad es entorpecer o impedir la libertad de expresión”. “La represión pura y dura”, aseguran, “en un escenario que nos hace retroceder social y normativamente a la dictadura franquista”.
Proponía Compromís al Pleno el rechazo al proyecto de ley y que manifestara que cualquier reforma que afecte a derechos básicos constitucionales debería gozar de un ancho consenso e ir siempre dirigida a consolidar los derechos. “Sin embargo”, afirman, “no ha sido posible. Una vez más, la mayoría absoluta y el seguidismo con respecto al gobierno de Madrid impide que se defiendan los derechos de todos”.
