En el pasado Pleno de enero del 2014, el equipo de Gobierno aprobó la prórroga de seis meses para la empresa adjudicataria del centro geriátrico cerrado con el objetivo de ofrecerle la oportunidad de reiniciar la actividad.
Federico Zaragoza, portavoz de Coalició Compromís, asegura que, dentro de las condiciones de esta prórroga aparece la cláusula de que la empresa “debe seguir cumpliendo con la obligación del mantenimiento de las instalaciones”. Sin embargo, “desde el exterior de la parcela advertimos que no se está llevando a cabo”.
Afirma que cualquier persona que mire al interior de la instalación de lo que fue Sanyres antes del cierre puede apercibirse de que los toldos están puestos y algunos rasgados. “Los jardines se están secando, hay picudo e incluso un contenedor lleno de restos de poda. Mobiliario destrozado, aceite de cocina para reciclar, empiezan a ‘florecer’ pintadas... y esto es sólo lo que puede verse desde fuera. No sabemos cómo está el interior del edificio”.
Al desconocer los motivos de la falta aparente de mantenimiento, se han visto obligados a pedir al Ayuntamiento que informe de si la empresa está al corriente de las obligaciones de pago con la Administración Local, así como con sus proveedores, acreedores y resto de administraciones públicas. Del mismo modo, también solicitan saber si las instalaciones técnicas del complejo están siendo sometidas a las preceptivas revisiones periódicas y de mantenimiento (ascensores, piscina, sistemas de climatización, depósito de gas).
Contacto con la Policía Loca
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Preguntado el Gobierno local sobre este respecto, José Pedro Martínez, edil de Hacienda, aseguraba que “este jueves nos hemos puesto en contacto con la Policía Local para que verifiquen el estado del lugar e informen al Ayuntamiento”.
El Consistorio aprobó el pasado 31 de enero la solicitud de Kessington y University en la Comunidad Valenciana y Asociados A.I.E. de suspender temporalmente la obligación de desarrollar la actividad del Centro Geriátrico de Santa Pola.
Martínez, explica los puntos del acuerdo: Primeramente se suspende la actividad “durante seis meses a partir de la fecha de notificación a la empresa, que se realizó durante la primera semana de febrero. Es decir, esta suspensión se acabará a finales de julio y a lo largo de este tiempo el contratista podrá reiniciar la actividad exigida por el contrato”. En lo referente al reinicio de la actividad, Martínez aclara que es “lo que desde el Ayuntamiento consideramos más conveniente para el interés público, más que una resolución contractual”.
En segundo lugar, durante la suspensión de la actividad, la empresa contratista deberá “cumplir sus obligaciones contractuales del pago del canon anual y de conservar las instalaciones en perfecto estado, limpio e higiénico”. Como se explicaba líneas arriba, a la empresa se le notificaron sus obligaciones contractuales, por lo que ya es consciente de los estándares que debe cumplir.
Por último, José Pedro Martínez detalla que, “transcurridos estos seis meses de plazo de suspensión sin que el contratista haya reanudado la actividad, el Ayuntamiento aceptará la cesión, por parte del contratista, de la facultad de disponer del derecho de superficie de la parcela y podrá disponer tanto del suelo como del edificio con el objeto de licitarlo públicamente en las condiciones que se consideren más convenientes para el interés público”.
