Las formaciones políticas del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Santa Pola han aprobado por unanimidad la moción que insta a las diversas administraciones y gobiernos autonómico y central a garantizar la continuidad de las cajas rurales y las cooperativas de crédito que dotan de liquidez a las diferentes iniciativas de la ciudadanía y del empresariado local. La reestructuración financiera realizada por el ejecutivo español con motivo de la crisis ha supuesto la desaparición de la mayor parte del tejido crediticio local, además de poner en peligro al restante.
El sistema bancario valenciano está compuesto por una caja de ahorros y 31 cooperativas de crédito, las cuales suponen una cuota de mercado del 12% de los depósitos y el 9% de los préstamos emitidos. Se trata de entidades financieras directamente vinculadas a las necesidades acreedoras de sectores estratégicos de la economía, arraigadas en el territorio de la comunidad, y que se encargan de dar apoyo a la economía real y productiva, principalmente a las empresas locales y el emprendimiento; mientras se reserva una parte de los beneficios para el patrocinio de actividades sociales, culturales y artísticas del ámbito regional que revierten en la sociedad.
Asimismo, la bancarización de estas herramientas de financiación ciudadana trae consigo la decadencia de dicho entramado local y la consolidación de un modelo de banca comercial que devendrá en un oligopolio crediticio dominado por seis grandes firmas bancarias. Al respecto, cabe destacar que ninguna caja rural ha recibido dinero público durante la recesión.
La perpetuación de dichas entidades es un requisito fundamental para la recuperación de la economía valenciana, tal y como consideran los partidos políticos locales. “La Comunidad Valenciana necesita una banca propia y socialmente responsable con un modelo de gestión basado en la proximidad y la democracia en el ámbito regional”.